Bajar la edad de imputabilidad no soluciona el problema
En 2025, se registraron 19 homicidios cometidos por menores de 16 años en la provincia de Buenos Aires, un número que disminuyó en comparación con los 24 casos de 2024. Esto representa una baja cercana al 20%, algo que se atribuye al programa provincial Entramados, impulsado por el gobernador Axel Kicillof. En el grupo de 16 y 17 años, la cifra pasó de 63 a 61 casos. “Esos 19 pibes hoy están encerrados en institutos. El Estado intervino”, señala con firmeza.
El ministro de Seguridad, Javier Alonso, expone que si se bajara la edad a 13 años, el debate se cerraría, pero eso no solucionaría el problema real. “Siempre son los mismos menores los que aprehendemos. Nadie llega por primera vez a la comisaría por un homicidio; ya hubo robos, contravenciones o peleas antes”, explica. Según él, es fundamental implementar una sanción efectiva desde la primera vez que un menor ingresa a la comisaría.
El programa Entramados
Alonso defiende la estrategia de la provincia. Cuando Kicillof asumió en 2019, no había equipos ni protocolos claros para tratar con menores en conflicto con la ley. “Capacitamos a la policía para que pueda entrevistarlos y trabajar en conjunto con jueces y servicios locales de niñez,” agrega.
En la actualidad, hay 5,2 millones de chicos en el sistema escolar, que ayuda a socializar y contener. Sin embargo, cada año, alrededor de 5 mil niños y adolescentes son aprehendidos, muchos por contravenciones que no constituyen delitos graves.
A través de Entramados, la policía notifica al fiscal y al juez de menores, y se activa un enfoque integral con los servicios de niñez, que generan informes socioambientales. Dependiendo del delito, la justicia decide si el menor debe ir a un instituto o ingresar a un programa sociocomunitario. “Muchas veces hay que separarlo de su familia,” afirma el ministro, quien recuerda que la clave es encontrar una solución para el futuro de esos chicos.
Alonso también habla del perfil de estos menores: la mayoría ha crecido en situaciones difíciles, con padres adictos o en prisión, y muchos han sufrido abusos antes de los seis años. “La única manera de cambiar su rumbo es implementar sanciones efectivas a tiempo,” asegura.
Críticas al Gobierno nacional
Sobre la postura del Gobierno nacional, que sostiene que el crimen organizado utiliza a los menores como “soldaditos,” Alonso está de acuerdo en que es un problema, pero critica su enfoque. “Los discursos simplistas no abordan la seguridad real. Hablan de inmigrantes y villas, pero eso no resuelve nada,” apunta.
Además, cuestiona afirmaciones de políticos libertarios que desvían el foco del problema. “Escuchar que el 70% de los que viven en villas son inmigrantes y que hay que echarlos es preocupante. En lugar de fortalecer las fronteras, atacan a quienes solo buscan trabajar,” sostiene. Para él, este enfoque no brinda soluciones concretas.
El ministro también menciona el asunto del narcotráfico y el control de fronteras. “La gran problemática es la droga, y esto debe abordarlo el Estado nacional,” dice con preocupación. Asegura que tres personas escaparon de un caso de gran impacto sin que nadie interviniera, y este tipo de situaciones son repetitivas.
Alonso critica el desfinanciamiento por parte de la Nación. “Milei nos robó 750 mil millones de pesos destinados a políticas de seguridad y asistencia a menores,” denuncia, añadiendo que hay una escasez de recursos federales que afecta la seguridad.
En contraste, señala que la provincia de Buenos Aires ha hecho su parte, comprando 7.400 patrulleros, expandiendo videovigilancia, sumando 22 mil nuevos policías y estableciendo 68 bases operativas para mejorar el control en el territorio.
“No es un baño de sangre”
Alonso rechaza el discurso de quienes critican la gestión de seguridad en Buenos Aires. “Alegan que es un baño de sangre, pero el año pasado tuvimos el número más bajo de homicidios en ocasión de robo. Estamos capturando a los líderes de bandas narcos,” defiende.
El ministro destaca que, a pesar de la retirada de fuerzas federales, la provincia ha logrado recuperar el control territorial. “Mientras Nación se aleja, hemos incrementado nuestra policía en 10 mil efectivos,” asegura, enfatizando la inversión en infraestructura policial.
Sin embargo, reconoce que el contexto social agrava la situación. “El desempleo crece, la violencia también. Esto está relacionado con un modelo económico que genera desigualdad,” agrega. Para él, la solución implica más que solo medidas de seguridad; requiere inversión en educación y oportunidades.
“Modificar la edad no es una llave mágica”
Alonso está de acuerdo en que Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, dado que la normativa actual es una decreto-ley de 1980, obsoleta y que no cumple con estándares constitucionales. Pero aclara que “modificar la edad no es suficiente. Cada provincia debe crear sus propias leyes y el Gobierno nacional debe financiar programas adecuados.”
El enfoque debería estar en garantizar la escolarización y brindar oportunidades a estos chicos. “El debate acerca de la edad no es útil. Es un engaño ofrecer falsas expectativas a la sociedad. Lo que se necesita es gestión, inversión y trabajo conjunto,” concluye con claridad.