La Comisión de Población y Desarrollo Humano ha alcanzado un importante dictamen sobre la emergencia en discapacidad. Se acerca la posibilidad de aprobar la declaración de emergencia para discapacidad, que busca atender las deudas con proveedores y restaurar el sistema de pensiones. Este proyecto ha sido dictaminado en el Senado, aunque aún necesita un nuevo dictamen para ser elevado a sesión. La oposición se muestra optimista en conseguir las mayorías necesarias para convertirlo en ley.
El dictamen mayoritario fue respaldado por senadores del peronismo y del radicalismo, quienes, aunque acompañaron, hicieron algunas modificaciones. En el contexto actual, el oficialismo ha sido acusado de paralizar la actividad legislativa, lo que ha llevado a la oposición a exigir una convocatoria a la Comisión de Presupuesto, presidida por Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), para avanzar con el proyecto.
Contexto del Proyecto de Emergencia
Este es el segundo dictamen que consigue la oposición en pocos días. La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Carmen Álvarez Rivero (PRO), había intentado levantar el encuentro de la comisión, pero el vicepresidente del espacio, Mariano Recalde (Unión por la Patria), logró avanzar en el respaldo mayoritario de proyectos que buscan incrementar los ingresos jubilatorios y restaurar la moratoria previsional.
El proyecto de emergencia para discapacidad ya obtuvo 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados. Si se aprueba, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, extendiéndose más allá del actual mandato presidencial de Javier Milei. Sin embargo, el Presidente ya ha advertido que vetaría cualquier propuesta que no se alinee con su agenda, incluyendo alternativas jubilatorias.
Contenido del Proyecto
El proyecto propone saldar deudas y actualizar las retribuciones para prestadores de servicios, incluyendo transportistas y acompañantes terapéuticos. Además, busca aumentar los fondos para trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres asistidos, quienes actualmente reciben $28.000 mensuales, cifra que no ha cambiado desde febrero de 2023.
Asimismo, se requiere mejorar la eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, ya que en los últimos 14 meses se han otorgado apenas 586 de las 500.000 solicitudes. El impacto fiscal del proyecto se estima entre 0,22% y 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Desde el Gobierno, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha manifestado su enérgico rechazo al proyecto, considerándolo una iniciativa regresiva que desatiende los estándares internacionales y la verdadera inclusión. La ANDIS argumenta que las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, sino políticas públicas que garanticen su inclusión plena en todos los ámbitos.
Este debate en el Senado resalta la necesidad de un enfoque que priorice la autonomía y dignidad de las personas con discapacidad, asegurando que sus derechos sean respetados y protegidos en todos los aspectos de la sociedad.
