En las investigaciones sobre el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, se han registrado importantes avances. Un peritaje reciente ha confirmado que la empresa Caputo Hermanos pagó precios inflacionados al líder de la organización Revolución Federal (RF). Además, nuevos testimonios han surgido, debilitando las dudas sobre la posible implicación de la Policía Federal en este intento de magnicidio.
Desde el inicio del caso, los abogados de Cristina Kirchner han solicitado que se profundice la investigación sobre los autores intelectuales del atentado, enfocándose no solo en los materiales involucrados. Específicamente, han exigido que se indague en los financistas que respaldaron a la organización ultraderechista RF, que tuvo vínculos con Fernando Sabag Montiel, quien disparó en contra de la expresidenta.
Detalles sobre la Investigación
Los hermanos del actual ministro de Economía, Luis Caputo, están en la mira tras ser acusados de pagar cifras desproporcionadas al líder de RF, Jonathan Morel, para amueblar un edificio en Neuquén. Este hecho es sospechoso, ya que Morel carecía de experiencia en el sector y su taller se encontraba a considerable distancia del lugar de la obra. Al mismo tiempo, la organización RF llevó a cabo varias acciones intimidatorias contra Cristina Kirchner y otros funcionarios del gobierno del Frente de Todos.
- El Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales analizó 16 operaciones comerciales.
- Se determinó que Morel facturó a Caputo Hermanos por bienes de carpintería a precios entre un 10% y un 20% superiores al valor de mercado.
- Estos precios no incluyen el costo de transporte desde el Gran Buenos Aires hacia Neuquén.
Nuevos Testimonios y el Rol de la Policía Federal
La jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo del caso, ha comenzado una serie de declaraciones testimoniales de agentes que instruyeron un sumario interno contra dos policías. Tanto la jueza como el diputado Gerardo Milman han sembrado dudas sobre la actuación de la Policía Federal, apuntando a la posible eliminación de pruebas cruciales, como el contenido del celular de Sabag Montiel.
Durante el testimonio, Sandra Judith Carral Leiva, comisaria mayor de la Dirección General de Investigaciones Internas de la PFA, afirmó que no fue presionada para influir en las actuaciones administrativas. Sin embargo, el fiscal Carlos Rívolo planteó interrogantes a los abogados de Milman, quien ha sido señalado por los defensores de Cristina Kirchner como potencialmente implicado en el atentado.
Con el avance de la investigación, se espera que se esclarezca la red de financiamiento y las conexiones entre los involucrados, lo que podría llevar a nuevos desarrollos en este caso que ha capturado la atención del país.
El desarrollo de estos acontecimientos es crucial para entender el contexto político actual y las implicaciones legales que pueden surgir de este intento de asesinato. Mantente informado sobre las últimas novedades en este caso y su impacto en la política argentina.
