La situación de la empresa láctea ARSA (Alimentos Refrigerados S.A.), controlada por el Grupo Vicentin y operada por la firma venezolana Maralac, se ha vuelto cada vez más crítica. Desde principios de 2024, ARSA está en concurso de acreedores, y sus dos plantas industriales en Monte Cristo (Córdoba) y Arenaza (Buenos Aires) permanecen paralizadas. Recientemente, se ha conocido que una de sus directivas enfrenta la prohibición de salir del país sin autorización, lo que agrava aún más la crisis de la compañía.
Según el Departamento de Control Migratorio, la prohibición de egreso recae sobre María Eoga Gil Caro, en el marco del expediente judicial del concurso preventivo. Esta medida busca proteger los intereses de los acreedores y evitar que la directiva abandone sus responsabilidades. Sin embargo, esta no es la única mala noticia; también se ha confirmado la renuncia de los abogados que representaban a la empresa en el expediente concursal, dejando a ARSA sin defensa legal en un momento crítico.
Trabajadores Alerta sobre el Futuro de ARSA
Los empleados de ARSA han expresado su preocupación, advirtiendo que la empresa difícilmente vuelva a funcionar y pidiendo la intervención de la Justicia para evitar un cierre definitivo. ARSA ha estado en concurso desde marzo del año pasado, acumulando un pasivo reconocido de más de $49.700 millones y otros $67.300 millones en garantías por la compra de activos a SanCor. Desde hace meses, los salarios se han estado pagando de manera parcial, y la producción se ha reducido a cero debido a una serie de factores como falta de insumos, embargos judiciales y cortes de energía.
Las condiciones en las plantas son preocupantes: en Córdoba, no hay suministro eléctrico activo por falta de pago, y en Buenos Aires, los embargos laborales han impedido la operación normal. Aunque la empresa empleaba a más de 500 personas, menos de la mitad ha estado trabajando en los últimos meses debido a estas restricciones.
Propuesta de Suspensiones y Choque con el Gremio
Antes de paralizar la producción, ARSA intentó implementar un plan de suspensiones que consistía en suspender al personal durante 15 días al mes, ofreciendo un pago fijo de $100.000, y abonar solo el 50% del salario básico durante los otros 15 días. Sin embargo, el gremio lácteo, ATILRA, rechazó de plano esta propuesta, generando un choque entre ambas partes.
La crisis de ARSA está directamente relacionada con la debacle del Grupo Vicentin, cuyas acciones se han visto involucradas en el concurso de acreedores de la cerealera. Esto ha obstaculizado el traspaso formal del capital social, y Maralac, que tiene una opción de compra sobre ARSA, no ha mostrado disposición para invertir en la empresa, a pesar de que enfrenta su propio proceso judicial.
En este contexto, los trabajadores han solicitado una intervención urgente de la Justicia, alertando sobre posibles maniobras para forzar la quiebra de la empresa y quedarse con los activos a un precio irrisorio. La situación es crítica y requiere atención inmediata para salvaguardar los derechos de los empleados y el futuro de la compañía.
