Argentina presenta su última apelación ante la Corte de EEUU

Los abogados de la Procuración del Tesoro tienen una misión complicada por delante. Este miércoles, presentarán una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en el caso de YPF. Esta es una de las últimas oportunidades que tiene Argentina para evitar el pago de u$s16.000 millones a los fondos buitre, una cifra que fue dictada por la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, en un fallo del 2023.

El futuro de esta apelación ahora está en manos de los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson. Ellos son los encargados de revisar los argumentos presentados por el país. La audiencia está programada para el mediodía, y cada parte tendrá aproximadamente media hora para exponer su caso. Primero hablarán los abogados argentinos, seguidos por los representantes de Burford y, por último, los de YPF.

Este no es un tema menor. El 16 de septiembre de 2023, la jueza Preska estableció que Argentina debe abonar u$s16.100 millones a los demandantes por la expropiación de YPF en 2012. Además, determinó que parte de este pago debe hacerse con acciones de la petrolera, lo cual genera aún más incertidumbre sobre el futuro del país en este litigio.

Juicio YPF: los principales argumentos de la apelación Argentina

Los argumentos que presentará la defensa no son nuevos, pero son cruciales. Bajo la dirección de Santiago Castro Videla, los abogados tienen varias líneas de defensa bien marcadas.

• Violación de la inmunidad soberana: Según la práctica y la ley estadounidense, la propiedad de un Estado en el extranjero goza de una protección total frente a embargos y ejecuciones. La Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) de 1976 creó excepciones únicamente para bienes dentro de Estados Unidos, no para los que están fuera.

• Interpretación errónea del derecho de Nueva York: Se argumenta que la norma de “turnover” se aplicó de manera inapropiada. Esta norma no fue diseñada para forzar a un Estado soberano a transferir activos de su territorio.

• Inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) al caso: Las acciones de YPF no están en Estados Unidos, nunca fueron usadas en actividades comerciales allí, ni en la actividad que originó el reclamo, lo que contradice los requisitos exigidos por la FSIA.

• Violación del derecho argentino e internacional: La orden judicial obliga a Argentina a ignorar su propia legislación, que requiere la aprobación del Congreso para cualquier transferencia de esas acciones desde 2012. Esto también contradice el principio de cortesía internacional y la doctrina del acto de Estado, que son pilares en las relaciones entre naciones.

Es un momento decisivo en este largo proceso y, sin duda, cada uno de estos argumentos será evaluado con sumo cuidado. Las consecuencias de este juicio no solo afectan a YPF, sino que pueden tener un impacto significativo en la economía argentina y en su reputación internacional.