La deforestación en Argentina relacionada con la producción agropecuaria ha llamado la atención de la Unión Europea (UE), que ha decidido clasificar al país como un riesgo estándar en esta materia. Esta decisión forma parte de un nuevo reglamento ambiental que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026. A partir de esa fecha, los productos agropecuarios que deseen ingresar al mercado europeo deberán contar con certificaciones que garanticen que no provienen de áreas deforestadas después de 2020.
Este sistema de trazabilidad ambiental impactará directamente en sectores clave como la soja y la carne bovina, que son dos de los principales rubros exportadores del agro argentino. La calificación intermedia genera preocupación, ya que impone condiciones más estrictas que las aplicadas a países como Estados Unidos, China y Uruguay, que son considerados de riesgo bajo.
Reacciones del sector agroindustrial
El descontento no se hizo esperar. Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), se cuestionó la clasificación, argumentando que no se basa en datos verificables y parece estar influenciada por decisiones políticas. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA, declaró que el informe presentado por el gobierno argentino demostraba que el país debería estar clasificado como de riesgo bajo, pero la UE optó por ignorarlo.
Además, CIARA destacó que la Argentina no ha expandido significativamente su frontera agrícola en los últimos años y que la deforestación relacionada con la producción de soja y carne es marginal. El país cuenta con un sistema robusto de trazabilidad, Visec, que permite seguir el origen de cada producto agropecuario y que ya fue auditado por una delegación europea.
Requisitos para la exportación a Europa
A partir de 2026, las empresas argentinas que deseen exportar a Europa deberán demostrar, mediante información georreferenciada, que sus productos no provienen de áreas deforestadas después de 2020. También deberán cumplir con las normativas locales y presentar documentación verificable ante las autoridades del bloque.
El sector agroexportador expresa su preocupación por los costos operativos adicionales, la burocracia que este nuevo esquema podría generar y los tiempos de aprobación que podrían alargarse. En un mercado tan competitivo como el europeo, no estar en la categoría de bajo riesgo puede convertirse en una barrera indirecta.
Fuentes oficiales han confirmado que, aunque no existe un mecanismo formal de apelación, la Argentina ya ha manifestado su desacuerdo ante la Comisión Europea y ha solicitado una revisión. El Gobierno confía en que la próxima evaluación, prevista para junio de 2026, tome en cuenta los argumentos técnicos y las acciones concretas que se están implementando en el país.
Un debate más amplio: sostenibilidad o barrera comercial
Más allá de los aspectos ambientales, la medida europea reaviva una discusión más profunda. El agro argentino observa con desconfianza una normativa que, bajo la justificación de proteger los bosques, podría transformarse en una nueva barrera para-arancelaria. Esto plantea cuestionamientos sobre la soberanía productiva, especialmente cuando las decisiones son aplicadas de manera desigual según el país de origen.
El listado publicado por Bruselas clasifica a más de 60 países en la misma categoría que Argentina, incluyendo Brasil, Colombia, Paraguay y México, mientras que solo unos pocos, como Rusia y Corea del Norte, son considerados de alto riesgo, donde el criterio ambiental se mezcla con consideraciones políticas.
El agro argentino reitera su disposición a cumplir con los más altos estándares ambientales, exigiendo una evaluación justa y técnica que refleje los avances reales en materia de trazabilidad y sostenibilidad.
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