Durante el mes de junio, las trabajadoras de casas particulares registradas reciben el pago correspondiente a la primera parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente conocido como aguinaldo. Esta retribución es un derecho garantizado por la legislación laboral y constituye una obligación para todos los empleadores que formalizaron la relación laboral.
La legislación establece lineamientos precisos para determinar el monto y el plazo de pago de esta bonificación semestral. La correcta aplicación de estas normas evita reclamos y promueve el respeto por los derechos laborales en un sector donde la informalidad ha sido frecuente.
Cuándo deben pagar el aguinaldo los empleadores
Según lo dispuesto en la ley 27.073, el SAC se divide en dos cuotas anuales: una se abona en junio y la otra en diciembre. Para la primera mitad del año, la fecha límite es el 30 de junio. Sin embargo, existe un margen adicional de cuatro días hábiles que extiende el plazo hasta el viernes 4 de julio de 2025.
Este esquema busca otorgar certeza tanto a quienes prestan servicios en hogares como a quienes contratan. Al disponer una fecha límite clara, se evita que el cobro del aguinaldo se convierta en motivo de conflicto o dilación injustificada.
Cómo se calcula el monto del aguinaldo completo
El aguinaldo equivale al 50% del salario más alto que la empleada percibió entre enero y junio de 2025. No se toma un promedio, sino que se selecciona el mes en que la trabajadora recibió su mayor ingreso, incluyendo horas extra, bonificaciones o cualquier otro adicional no habitual.
Si una empleada obtuvo su salario más elevado en enero por tareas adicionales o en junio por un aumento, la primera cuota del SAC será la mitad de ese sueldo. Esta modalidad garantiza que el monto sea representativo del mejor período trabajado y no disminuya por razones circunstanciales.
En los casos en que la trabajadora ingresó a su puesto después del inicio del año o si trabajó menos de seis meses durante el semestre, el aguinaldo se paga de manera proporcional. Este cálculo reconoce el tiempo efectivamente trabajado en relación a los seis meses que conforman el primer semestre.
Una de las fórmulas aceptadas para calcular el aguinaldo consiste en obtener el 50% del sueldo más alto recibido durante el tiempo laborado y luego multiplicar esa cifra por la fracción de meses trabajados sobre seis. Por ejemplo, si alguien trabajó cuatro meses, cobrará el 66,67% del medio aguinaldo.
Quiénes tienen derecho a cobrar el SAC
El Sueldo Anual Complementario debe ser pagado a todas las empleadas domésticas registradas, así como a jubiladas y pensionadas que se encuentren bajo el régimen formal. Por el contrario, trabajadoras informales, monotributistas y personas independientes no acceden a esta retribución.
Para gozar de este derecho, es indispensable que la relación laboral esté inscripta y que los aportes se encuentren al día. El Estado exige que se reconozcan también las horas extras, plus salariales y adicionales especiales, ya que forman parte del monto que se utiliza para calcular el aguinaldo.
La normativa vigente y los controles estatales
La ley de Contrato de Trabajo y la mencionada ley 27.073 regulan la entrega del aguinaldo en sus diferentes aspectos. Estas normas establecen los vencimientos, determinan el desdoblamiento semestral y habilitan los mecanismos para fiscalizar el cumplimiento de los empleadores.
El sistema prevé sanciones para los empleadores que incumplan con los plazos o que liquiden montos inferiores a los estipulados por ley. La vigilancia oficial apunta a fortalecer la formalización del trabajo doméstico y proteger a un sector históricamente expuesto a la precarización.
Contar con un vínculo laboral formalizado resulta indispensable para acceder al SAC. Las trabajadoras deben estar inscriptas en los registros oficiales a fin de recibir la bonificación semestral tanto en tiempo como en forma, evitando situaciones de vulnerabilidad.
De este modo, el cobro del aguinaldo se transforma en un mecanismo que no solo compensa económicamente, sino que también fortalece el reconocimiento del trabajo en casas particulares como una actividad digna y protegida por la ley.
