Actualizan el código alimentario y establecen límites de arsénico
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha dado un paso importante en la regulación alimentaria en Argentina. Esta semana, se oficializó una medida que incorpora al Código Alimentario Argentino (CAA) una normativa del Mercosur que establece nuevos límites para contaminantes inorgánicos en alimentos, siendo el arsénico uno de los principales focos de atención.
La Resolución Conjunta 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, permite que los estándares del Grupo Mercado Común (GMC) se reflejen en nuestra legislación. A partir de ahora, hay límites establecidos de 0,35 miligramos de arsénico por kilogramo para el arroz descascarado y 0,20 miligramos para el arroz pulido. Esto busca asegurar la seguridad alimentaria y la calidad del consumo en nuestro país.
Por otra parte, la resolución también actualiza el artículo 156 del CAA, el cual regula la presencia de diversos metales en alimentos. Los nuevos límites se ajustan al reglamento técnico armonizado del Mercosur, lo que implica que otros contaminantes como plomo, cadmio y mercurio también tienen restricciones más estrictas. Es un paso hacia adelante para cuidar la salud de todos los argentinos.
Es importante señalar que esta actualización responde a la necesidad de que las normas alimentarias estén al día, adaptándose a los avances técnicos en cada área. En su argumentación, el Gobierno afirma que esto permitirá cumplir con los compromisos del bloque regional, facilitando la circulación de productos y garantizando mayor confianza en lo que consumimos.
La nueva normativa entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, los sectores de la industria tendrán un plazo de 18 meses para adaptarse a estos nuevos requerimientos.
Además, se ha dado a conocer otra resolución que actualiza las regulaciones sobre materiales y envases en contacto con alimentos. Esta iniciativa busca adecuar la legislación nacional a los nuevos avances en la producción de envases y equipamientos, manteniendo así estándares de calidad que beneficien a todos.