Actos que pueden considerarse genocidio en curso

En una jornada dedicada a las políticas de salud, diversas organizaciones LGBT, activistas, especialistas y funcionarios manifestaron su preocupación por la reducción drástica que se espera para el presupuesto 2026 en asistencia a personas con VIH y otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). La reunión tuvo lugar en la Cámara de Diputados de la Nación y presentó un informe de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP).

Este informe destaca que el financiamiento para el Programa 22, que se ocupa de la lucha contra el SIDA y las ETS, se limitará a $62.087.000.000 —alrededor de US$ 43.650.000— según el tipo de cambio oficial proyectado. Esto representa una reducción del 38% en dólares, lo que es preocupante ya que el programa depende de insumos internacionales. De este modo, la asistencia estatal a quienes padecen ETS pasará a ser apenas el 2% del presupuesto total del Ministerio de Salud, comparado con 4,8% en 2023.

El informe también revela que en 2026 se espera atender a 71.500 personas con VIH, una disminución con respecto a las 79.179 atendidas en 2024. En el caso de la tuberculosis, se planifican 12.450 tratamientos, frente a 15.853 en 2024. Además, se recortará el suministro de 23 millones de preservativos, en un contexto de incremento en la sífilis y otras ITS. La producción de materiales educativos para la prevención será cancelada por completo, y no se realizarán compras de tratamientos de PrEP ni PEP, dejando a más de 11.000 personas sin acceso a prevención.

Activistas de la Fundación señalaron que el presupuesto no es un ahorro, sino un abandono de responsabilidades estatales, dejando en riesgo la salud de miles y vulnerando sus derechos. Expresaron que este proyecto profundiza la crisis sanitaria y condena a la exclusión a quienes más dependen del sistema público.

Graciela Balestra, psicóloga y ex candidata a diputada, subrayó que “este recorte es un genocidio”. Aseguró que dejará a miles sin acceso a tratamientos vitales, perjudicando los esfuerzos mundiales en la lucha contra el VIH y potenciando el riesgo de infecciones y muertes. En su trabajo en el Centro Integral LGBTIQ+ Puerta Abierta, ha escuchado historias desgarradoras, como jubilados que no pueden costear su medicación psiquiátrica.

Frente a esta situación, las organizaciones exigieron al Poder Ejecutivo una serie de acciones urgentes:

• Revisar el presupuesto 2026 y aumentar las asignaciones para el Programa 22.
• Cumplir plenamente con la Ley 27.675 sobre VIH, Hepatitis, tuberculosis e ITS.
• Restablecer metas sanitarias acordes a la realidad epidemiológica.
• Centralizar compras para asegurar equidad y eficiencia.
• Reactivar campañas de prevención, diagnóstico y tratamiento.

Esteban Paulón, diputado nacional de Encuentro Federal, también mostró su preocupación por el retroceso en políticas públicas relacionadas con el VIH, señalando que el Gobierno parece estar recortando recursos en áreas críticas.

Se preguntó asombrado qué tipo de respuesta integral se espera del Gobierno cuando este se opone a la Educación Sexual Integral, a la implementación de programas de PrEP y no promueve la realización de pruebas diagnósticas. Al finalizar, coincidió con Balestra, afirmando que esta situación se asemeja a un “genocidio planificado”.