Acreedores granarios niegan oferta de Grassi por condiciones abusivas
El cramdown de Vicentin está en el centro de una nueva controversia. A un mes de que se defina si la empresa logra salir a flote o si se va a quiebra, un grupo de acreedores granarios puso en jaque la propuesta del Grupo Grassi. Este es el primer plan concreto que se presenta en el proceso. En un escrito dirigido al juez concursal Fabián Lorenzini, los productores argumentan que el plan incluye cláusulas “abusivas y discriminatorias” que atentan contra derechos fundamentales de los acreedores y que podrían invalidar su homologación.
La presentación fue hecha por el abogado Mateo Germán Schott, representando a siete acreedores quirografarios. En el documento, se señala que la oferta de Grassi contempla un dividendo “claramente inferior” al que se esperaría si se liquidaran los activos de la agroexportadora. Uno de los puntos más polémicos es la idea de una “propuesta residual” en la que quedarían incluidos automáticamente aquellos acreedores que no elijan alguna de las opciones de pago ofrecidas.
El núcleo del conflicto: la “propuesta residual”
Según lo expuesto en el planteo, esta modalidad significa que quienes no se adhieran al plan de Grassi solo cobrarían un 40% de su crédito en diez cuotas anuales. Las primeras nueve representarían un recupero mínimo, menos del 1% del monto reconocido por año, y la última, que se pagaría recién en 2036, concentraría el grueso del pago. Además, el esquema prevé un interés del 1,2% anual en dólares a partir del segundo año, sin capitalización.
Los acreedores que impugnaron esta situación calcularon que, en la práctica, esto se traduce en una quita real que varía entre el 93% y el 97% del crédito. Este resultado, advierten, violaría el principio legal que exige garantizar a los acreedores un recupero no menor al de la quiebra. En sus palabras, “el plan castiga a quienes no se expresen a tiempo, obligándolos a aceptar la peor alternativa”.
La crítica también resalta que este diseño afecta la voluntad de los acreedores y limita su libertad de elección. “Se envía un mensaje implícito: si no se firma rápido, el acreedor quedará atrapado en la peor opción del menú. Esto afecta la transparencia del proceso y es un condicionamiento inaceptable”, se señala en el escrito.
Grassi bajo presión en plena carrera concursal
Las objeciones apuntan directo al corazón de la estrategia de Grassi, que había prometido un plan con recuperos inéditos de hasta el 200% a quienes colaboren con granos o financiamiento. Como la empresa había anunciado, la propuesta se basa en convertir las deudas en pesos a dólares al tipo de cambio de febrero de 2020, y presenta diferentes opciones para los acreedores, además de beneficios especiales para aquellos dispuestos a sostener la continuidad operativa junto a Cargill, su socio estratégico.
El problema, según quienes cuestionan la propuesta, es que los incentivos para las mejores opciones chocan con el castigo a los disidentes, creando un trato desigual que está expresamente prohibido por la Ley de Concursos y Quiebras. Para Schott, no se puede homologar ninguna propuesta que ofrezca un recupero inferior al de la liquidación o que discrimine a aquellos acreedores que no den su conformidad.
Una pulseada que define el futuro del agroexportador
La controversia sobre la propuesta de Grassi se produce en un contexto donde otros gigantes del sector están preparando sus propias ofertas. En esta recta final del cramdown, están habilitados para competir Bunge (junto a Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas), y la alianza de Molinos Agro con Louis Dreyfus Company (LDC). Todos buscan quedarse con los activos estratégicos de Vicentin, que incluyen plantas en Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, además de terminales portuarias clave para el comercio exterior argentino.
El atractivo, como se confirmó en la última valuación judicial, no reside en las acciones, que no tienen valor, sino en el control de instalaciones que podrían redefinir el mapa agroexportador. Sin embargo, el futuro dueño no solo deberá enfrentar desafíos financieros, sino también la reactivación industrial de plantas que hoy están deterioradas y tienen capacidad restringida, lo que añade presión a cualquier plan de rescate.
Carrera contra el tiempo
El juez Lorenzini estableció el 31 de octubre como fecha límite para reunir las mayorías necesarias: más del 50% de los acreedores en número y dos tercios del capital adeudado. Una audiencia informativa se llevará a cabo el 24 de octubre en Reconquista, donde se medirán las posiciones.
La objeción de los acreedores granarios plantea incertidumbre sobre la viabilidad de la propuesta de Grassi, que hasta ahora era la única formal y contaba con el apoyo de un fideicomiso que agrupa a más de 70 empresas productivas y también acreedores de Vicentin. El juez tendrá que evaluar si los cuestionamientos prosperan y si el plan puede ser homologado bajo estas condiciones.
En este marco, la batalla por el control de Vicentin se complica aún más. A la lucha entre grandes jugadores internacionales se suma la resistencia de productores locales, que intentan evitar lo que consideran un esquema de recupero desventajoso y que va en contra de la ley. El desenlace, que se conocerá en las próximas semanas, definirá no solo el destino de la empresa santafesina, sino también el equilibrio de poder en uno de los negocios más estratégicos de la economía argentina.