La reciente decisión de los tribunales de Córdoba ha desatado una gran controversia judicial respecto a la situación de una menor, obligando a su madre a restituirla a vivir cerca de su padre, quien ha sido denunciado por abuso. Desde el 11 de marzo, Pilar Leguizamón enfrenta una angustiante situación tras recibir una notificación judicial que exige que su hija de cuatro años regrese a Capilla del Monte, donde residían antes de mudarse a Buenos Aires.
Pilar denunció a su expareja, Pablo Eduardo Sevola, por hostigamiento, abuso sexual, acoso y violencia económica. A pesar de estas graves acusaciones, el juez Carlos Fernando Machado firmó una resolución a favor del padre, exigiendo la restitución de la niña a su centro de vida anterior, lo que ha generado un ambiente de tensión y preocupación por la seguridad de la menor.
Desarrollo del Caso
Tras la mudanza a Buenos Aires, Pilar presentó una nueva denuncia en el juzgado penal Nº19 de la Capital Federal, fundamentada en el relato de la niña, que sugiere una posible situación de abuso. El expediente correspondiente ya está en curso, y se prevé que una de las primeras medidas sea la declaración de la menor en cámara Gesell.
Sin embargo, la situación se complica, ya que mientras el juzgado de Córdoba exige la restitución, el juzgado civil 81 de CABA ha dictado una medida de restricción de contacto entre el padre y la hija por un periodo de treinta días, aunque argumenta que no tiene competencia territorial para intervenir en el caso.
Reacciones y Perspectivas
La abogada de Pilar, Paula Squassi, ha expresado su preocupación, señalando que la resolución del juez no contempla la perspectiva de género ni el interés superior de la niña. La madre enfatiza que su hija ha establecido su vida en Buenos Aires, donde está escolarizada y vive cerca de su familia, mientras que en Capilla del Monte solo reside el padre denunciado y su exsuegra.
La situación ha dejado al caso en un limbo judicial, con el riesgo de que la niña sea trasladada por la fuerza pública, lo que podría tener consecuencias devastadoras. Es fundamental que el sistema judicial priorice la seguridad y bienestar de la menor por encima de cualquier acuerdo de custodia.
Este caso refleja la necesidad urgente de que las decisiones judiciales consideren el contexto de violencia y abuso, y que se garantice un entorno seguro y protector para los menores involucrados. La justicia debe actuar con rapidez y sensibilidad para evitar que la niña sea expuesta a un entorno potencialmente peligroso.
La comunidad y los defensores de los derechos de los niños deben permanecer alerta y exigir que se respeten los derechos y la seguridad de la menor en este complejo escenario judicial.
