Vicentin se encuentra en una situación crítica, atravesando el peor momento desde que ingresó en concurso de acreedores. Desde el 7 de marzo, las plantas de la empresa están paralizadas, lo que ha generado una fuerte preocupación tanto en los trabajadores como en los directivos. Actualmente, la compañía solo ha podido abonar el 50% de los salarios correspondientes a febrero, y ha presentado una dura denuncia ante la Justicia, argumentando que la demora en la homologación de su acuerdo preventivo es la causa directa de su crisis terminal.
Los directores Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Fernando Bougain sostienen que la injustificada dilación en la homologación del acuerdo preventivo, que ya lleva cerca de dos años y medio, ha generado un gravísimo perjuicio a la empresa, sus trabajadores y todas las partes involucradas. Este retraso ha dejado a Vicentin sin acceso a los recursos necesarios para financiar su operación, lo que ha provocado el colapso de su caja.
Incertidumbre Salarial y Presión Gremial
La paralización de la producción ha agravado la situación de los empleados, quienes esperan soluciones inmediatas. Vicentin ha afirmado que la imposibilidad de cerrar contratos de molienda debido a la incertidumbre judicial está impidiendo la reactivación de sus plantas. Necesitamos facturar para pagar costos fijos, indicaron. Las proyecciones iniciales para este año señalaban que la caja sostenía la actividad hasta marzo de 2025, pero la situación actual ha desbaratado esos planes, resultando en una pérdida de más de 230.000 toneladas de soja y un impacto financiero superior a los $8.200 millones.
Acciones Judiciales y Futuro Incertidumbre
Vicentin ha presentado un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, con la intención de revertir el fallo que anuló su acuerdo preventivo. En caso de no recibir una respuesta favorable, la empresa planea apelar a la Corte Suprema de la Nación. Según los directivos, estamos trabajando insistentemente con los inversores estratégicos para garantizar la estabilidad y continuidad de la empresa, pero la falta de homologación nos impide avanzar.
A pesar de estos esfuerzos, el futuro de Vicentin sigue siendo incierto. Los sindicatos presionan por el pago total de los salarios, mientras que la empresa advierte que no hay fondos ni acuerdos que permitan continuar operando. Su principal acreedor, Grassi-Commodities-Cima, también presiona para avanzar con el cramdown, una alternativa que podría redefinir el control de la compañía.
En este contexto complicado, las empresas del sector como Bunge y ACA están analizando sus próximos movimientos, mientras la situación de Vicentin continúa siendo un tema crítico y urgente que requiere atención.
La crisis de Vicentin es un reflejo de los desafíos que enfrenta la industria y la economía en general, donde la incertidumbre y la presión por soluciones inmediatas están en su punto más alto.
