Universidades piden a la Justicia resolver conflicto de financiamiento
El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno argentino sigue sumando capítulos. Esta vez, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades públicas, llegó a los tribunales para pedir que la Justicia se active durante la feria judicial. El objetivo es que se tome una decisión definitiva sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que hasta ahora no se ha cumplido en su totalidad.
La solicitud fue presentada ante el juzgado contencioso administrativo federal, que permanece en funciones durante la feria. La idea es que el caso no quede estancado y se aborde la cuestión de fondo. Esto es especialmente importante después de que la Corte Suprema ratificara una medida cautelar que exige al Estado cumplir, al menos en parte, con la ley en cuestión.
Esta cautelar, confirmada a fines de junio, exige que el Poder Ejecutivo aplique ciertos artículos de la Ley 27.795. Estos artículos se refieren a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios, así como a la actualización de las becas estudiantiles. Sin embargo, las universidades aseguran que esos incrementos aún no se han visto reflejados en la realidad.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, fue quien impulsó esta presentación. En su discurso, destacó la lentitud con la que el Estado está cumpliendo tanto la ley como las resoluciones judiciales. Afirmó: “Desde agosto de 2025, cuando se aprobó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no hemos logrado que el Poder Ejecutivo la cumpla. Y ya estamos en julio de 2026”.
Además, Bartolacci acusó al Ejecutivo de intentar demorar el proceso judicial. Aseguró que se han presentado múltiples recursos destinados a frenar el avance del trámite judicial. Ahora, el fiscal de feria deberá expedirse sobre la habilitación del pedido, y el juez Martín Cormick decidirá si el caso avanza durante el receso judicial.
Además del cumplimiento de la cautelar, las universidades buscan que la Justicia declare inconstitucional el decreto 759/2025. Este decreto condiciona la aplicación de la ley a la existencia de una fuente específica de financiamiento, algo que también se ha visto en otras normativas aprobadas por el Congreso. Aunque el Gobierno firmó en junio un acuerdo para transferir fondos destinados a mejorar salarios y gastos de funcionamiento, el CIN enfatiza que esto no sustituye el cumplimiento total de la ley ni de las órdenes judiciales previamente dictadas.
Así, el camino hacia una resolución definitiva del financiamiento universitario continúa siendo un tema candente y que necesita atención urgente.