La Justicia permite a Diego Barroetaveña postularse a la reelección
El juez federal Enrique Lavié Pico, que está a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°6, tomó una decisión reciente que tiene implicaciones interesantes para el futuro del Consejo de la Magistratura. Lavié Pico permitió a Diego Barroetaveña, quien representa a los jueces en dicho consejo, presentarse nuevamente como candidato para el período 2026-2030. Esto llega después de que Barroetaveña solicitara una medida cautelar para despejar la incertidumbre sobre su postulación.
La medida cautelar fue solicitada en el contexto de una acción declarativa de certeza. Barroetaveña quería aclarar cuál es la versión válida del artículo 3° de la Ley 24.937, la que regula la composición del consejo, y cómo se aplica a su mandato actual, que abarca el período 2022-2026. Este pedido surge por los constantes cambios que ha tenido la ley orgánica que rige el Consejo de la Magistratura, así como por decisiones previas de la Corte Suprema que declararon inconstitucionalidad en varios de sus artículos.
Lavié Pico consideró que había “duda razonable” respecto a la normativa aplicable. A lo largo de su análisis, el juez revisó los antecedentes judiciales y la evolución legislativa de la ley. Se hizo evidente que era fundamental enfatizar el principio de participación política, lo que llevó a su decisión de permitir que Barroetaveña compitiera en las próximas elecciones.
El magistrado remarcó que el cronograma electoral ya está en marcha. Es más, apuntó que bloquear la candidatura de Barroetaveña significaría tomar una decisión prematura que podría perjudicarlo, ya que una vez que se complete cualquier etapa del proceso electoral, no se podría revertir. Barroetaveña había argumentado que, conforme al texto original del artículo 3°, tiene derecho a una reelección continua, lo que lo habilita legalmente para presentarse nuevamente.
En conclusión, la medida cautelar ofrece la posibilidad de que Barroetaveña participe en el proceso electoral, lo que, según Lavié Pico, asegura que se realice con la “mayor amplitud participativa posible”. De esta forma, se protege tanto el derecho del magistrado a competir como la integridad del proceso electoral en su conjunto.