Víctimas denuncian red de crimen organizado y defienden la causa
Las querellas en el caso de $LIBRA han decidido no aceptar el pedido del empresario y especialista en criptomonedas Mauricio Novelli para que sean excluidas del expediente. Sostienen que la investigación no se trata de una simple inversión fallida, sino de una supuesta maniobra fraudulenta que involucra sobornos, uso de información privilegiada, lavado de activos y tráfico de influencias.
Martín Romeo, uno de los damnificados, resaltó en su presentación ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi que “cuando hay soborno a funcionarios públicos, manipulación de algoritmos y el vaciamiento de cajas de seguridad para lavar activos, no estamos hablando de inversiones, estamos describiendo una red de crimen organizado”.
Este escrito fue elaborado por el abogado Nicolás Oszust, como respuesta a la defensa de Novelli, quien, siendo uno de los principales investigados, trató de desestimar a los querellantes del caso. Según el argumento de su defensa, no habría estafa porque los que compraron el token asumieron voluntariamente los riesgos del mercado de criptomonedas.
Además, Novelli afirmó que la publicación realizada por el presidente Javier Milei no era una recomendación de inversión ni prometía rentabilidad. Pero los damnificados no están de acuerdo. Para Romeo, el engaño radicó en presentar a $LIBRA como “un genuino proyecto privado respaldado por el Estado argentino para financiamiento de startups y pymes”, cuando en realidad, decía, “era una trampa de liquidez preprogramada”.
El rol de Javier Milei
Las querellas argumentan que el papel de Javier Milei fue crucial para que muchas personas invirtieran. Recordaron que el propio Presidente hizo pública la información sobre el contrato para adquirir el token, lo que generó confianza en los inversores. Sin embargo, la prometida financiación a emprendimientos y pequeñas empresas nunca se concretó.
En la causa, hay cinco querellantes, todos inversores que aseguran haber perdido gran parte de sus ahorros con el colapso de la criptomoneda. Desde el inicio de la investigación, han estado impulsando el caso con firmeza.
Ellos advierten que el intento de Novelli por excluirlos busca, en la práctica, un sobreseimiento anticipado de los acusados. Además, resaltan que su condición de querellantes ya fue ratificada por varias instancias judiciales, incluyendo la Cámara Federal y la Corte Suprema, que apoyaron su participación en el proceso.
Uno de los afectados mencionó que era consciente de los riesgos del mercado de criptoactivos y tenía experiencia en este tipo de operaciones. Sin embargo, sostuvo que la situación investigada va mucho más allá de la volatilidad típica de cualquier inversión.
Una de las querellas, encabezada por el dirigente y abogado Juan Grabois, subrayó que la hipótesis de investigación incluye elementos como posible manipulación coordinada y acceso a información privilegiada. Grabois junto a sus colegas, los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, agregaron que había un control concentrado del activo y un retiro concertado de la liquidez.
Romeo, con la representación de Oszut, afirmó que la defensa de Novelli está tratando de “confundir maliciosamente” el riesgo de las inversiones no reguladas con una maniobra premeditada de desapoderamiento, conocida en el ámbito cripto como “rug pull”.
Según su presentación, el fraude no se limitó a una mala inversión o a una fluctuación normal del mercado, sino que fue una “construcción sostenida de una calidad simulada y una apariencia de empresa estatal”. Argumentaron que los responsables alteraron las reglas del libre mercado mediante “tráfico de influencias y el uso de bots para manipular la liquidez”.
Las querellas también mencionaron que ya solicitaron la indagatoria de los principales involucrados, incluido Milei. Según su planteo, el equipo detrás de $LIBRA habría retirado 44,5 millones de dólares gracias a información privilegiada y operaciones automatizadas, justo antes de que Milei diera el impulso al token.
Resaltaron que el fiscal Eduardo Taiano describió que el grupo detrás de la criptomoneda hizo ventas masivas que les permitieron retirar cerca de 100 millones de dólares, causando pérdidas a más de 40.000 personas.
Romeo concluyó con una fuerte declaración, diciendo que “la banda no solo mintió en un folleto; usó las estructuras del Estado para dotar de una falsa legitimidad a un proyecto de desapoderamiento”.
Ahora, el juez y la fiscalía tendrán que decidir si aceptan el pedido de Novelli para excluir a las víctimas como querellantes en la causa.