Trump detiene ley de vivienda y aumenta presión por reforma electoral
Donald Trump sorprendió a muchos al decidir frenar la promulgación de un proyecto de ley sobre vivienda que era clave para su administración. El presidente estadounidense optó por no firmar la normativa hasta que el Congreso aprobara la controvertida “Ley SAVE America”, algo que considera fundamental a medida que se aproxime la elección de noviembre.
Este giro en la trama nuevamente sacudió la política de Estados Unidos. Legisladores republicanos y figuras de la Casa Blanca quedaron desconcertados, ya que, solo unas horas antes, se destacaba la importancia de esta normativa en la agenda oficial para abordar el problema de la asequibilidad de la vivienda. Impactó aún más cuando la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, la describió como “una de las leyes sobre asequibilidad de vivienda más significativas en la historia”, y el líder electoral republicano, James Blair, la cimentó como un punto clave de Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión.
Poco después, sin embargo, la Casa Blanca empezó a enfocar sus mensajes en la necesidad de aprobación de la Ley SAVE America, alineándose con la postura del líder republicano. Por otro lado, es interesante que, si el Congreso aprueba el proyecto de vivienda, podría convertirse en ley aunque Trump no lo firme. Así es la legislación en EE.UU.: si el presidente no firma dentro de los diez días posteriores a la aprobación y el Congreso está en sesión, la iniciativa entra en vigor automáticamente.
Trump da marcha atrás sobre la ley de vivienda
Se comenta que Trump pretende aumentar la presión sobre los senadores republicanos para acelerar el proceso de la reforma electoral durante una reunión del partido. Aunque el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, indicó que Trump todavía tiene tiempo para tomar una decisión definitiva, la alternativa de un veto parece poco viable dado el respaldo bipartidista que ha recibido el proyecto.
El líder de la mayoría del Senado, John Thune, mencionó que la decisión de Trump fue tomada por él solo, pero tiene la esperanza de que reconsidere. Dijo: “Es una excelente iniciativa legislativa… es una cuestión de asequibilidad, y espero que encuentre la manera de firmarlo”.
Este proyecto, conocido como “21st Century Road to Housing Act”, está diseñado como parte de la estrategia republicana para responder a las inquietudes de los votantes sobre el costo de vida y el acceso a la vivienda previos a las elecciones de medio término. Entre sus medidas más relevantes, se propone una restricción a los grandes fondos de inversión inmobiliaria, limitando su capacidad de seguir adquiriendo propiedades si ya poseen más de 350 viviendas unifamiliares.
Además, la legislación busca facilitar la construcción de viviendas prefabricadas, eliminando un requisito que encarece su producción. Actualmente, se exigen criterios que elevan costos y limitan la colocación de estas unidades. El objetivo es ampliar la oferta de viviendas más asequibles.
Otro aspecto fundamental del proyecto es la rehabilitación de viviendas deterioradas. Para esto, se prevé un programa de subvenciones y préstamos condonables que financiará reparaciones en estos inmuebles.
El conflicto por la reforma electoral
El freno a la ley de vivienda está ligado a la insistencia de Trump por que se apruebe la Ley SAVE America, que implicaría cambios importantes en el sistema electoral estadounidense. Las elecciones de medio término, por su parte, están programadas para el 3 de noviembre, y Trump se enfrenta a un contexto complicado, marcado por tensiones internacionales y fluctuaciones en la economía.
La reforma propone que quienes deseen registrarse para votar deban verificar su ciudadanía ante las autoridades electorales, incluso si lo hacen online. También obligaría a presentar una identificación con foto para participar en elecciones federales y endurecería los requisitos para quienes votan por correo.
Las modificaciones no sólo se limitan a eso, sino que también piden a los estados reforzar las revisiones de los padrones electorales, excluyendo a aquellos no habilitados para votar. Además, se incluyen sanciones para funcionarios que no verifiquen adecuadamente la documentación de los votantes.
A pesar de que muchos republicanos comparten los objetivos generales de la reforma, existen discrepancias dentro del propio partido. De hecho, el último intento de la reforma en el Senado no logró contar con el respaldo necesario. Queda por verse cómo se desarrollará esta situación, especialmente con los desafíos logísticos para implementar cambios tan radicales a poco tiempo de las elecciones.