Alfredo Cornejo denuncia red de fake news y tomará acciones legales
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, expresó su preocupación este viernes al denunciar que ha sido víctima de una red de fake news. Según él, estas informaciones falsas están siendo distribuidas con el propósito de desprestigiarlo, y ya anunció que interpondrá acciones legales para investigar el asunto y establecer responsabilidades.
En una publicación a través de sus redes sociales, Cornejo explicó que se ha detectado una estructura digital relacionada con una empresa llamada GRUPO PUMA S.A.S.. Tienen un dominio registrado, redes sociales activas y están utilizando publicidad paga para difundir contenido falso y dañino.
El gobernador enfatizó que, aunque la libertad de expresión es fundamental en una democracia, la desinformación organizada no tiene cabida. Por eso, se propone llevar adelante acciones legales y administrativas para esclarecer la situación. Cornejo dejó claro que en Mendoza no se permitirá que se naturalicen campañas basadas en la mentira o la manipulación. Se comprometió a defender el derecho a la información veraz y el respeto por las instituciones mediante todos los recursos legales disponibles.
Más allá de lo que él manifestó, desde el gobierno mendocino no se han dado mayores detalles sobre cómo avanzarán en la justicia contra la empresa mencionada.
Luz verde a la minería
En otro tema, el gobierno de Mendoza ha tomado una decisión importante al reglamentar el uso de terrenos estatales para actividades mineras. Este reglamento establece criterios específicos para las minas de diferentes categorías que operan en inmuebles del Estado.
El objetivo de esta regulación es organizar la relación entre los derechos mineros y el patrimonio del Estado. Esto brinda mayor seguridad jurídica tanto al gobierno como a aquellos que tienen proyectos mineros. Al establecer reglas claras sobre las condiciones de uso y aprovechamiento de estos terrenos, se busca evitar malentendidos.
Las nuevas medidas permiten definir con mayor precisión los derechos y obligaciones que cada etapa de la actividad minera implica. Esto aporta previsibilidad a los operadores y fortalece la transparencia en la gestión de los bienes públicos. Así, se sabrá con claridad cuándo un derecho minero está activo y bajo qué condiciones los terrenos estatales están dedicados a la minería.
Además, se incorpora un principio de igualdad para todos los operadores, tanto en terrenos estatales como privados. La intención es evitar tratos desiguales y asegurar que la explotación de los recursos minerales se realice bajo las mismas reglas, fomentando un proceso más equitativo y predecible.