Universidades convocan paro por la ley de financiamiento

Sobre la llegada del fin del primer semestre educativo, las universidades en Argentina se preparan para un nuevo paro de actividades. Esta medida, impulsada por los gremios docentes, se está llevando a cabo en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno aún no aplica y está a la espera de un fallo judicial. Este financiamiento incluye temas críticos como salarios para los trabajadores, fondos para becas, inversión en infraestructura y presupuesto para gastos operativos.

El CONADU, que agrupa a los sindicatos de diversas universidades nacionales, anunció que el paro se llevará a cabo del 16 al 20 de junio. Además, están programadas clases públicas en varios puntos del país para el 9 de junio, con actividades especiales frente a los Tribunales en Buenos Aires, donde se ubica la Corte Suprema de Justicia. También se realizarán actividades en Rosario y en la ciudad de Buenos Aires el 11 y 16 de junio, respectivamente.

En el comunicado del CONADU se menciona que “cuando haya una oferta formal, esta se llevará a consulta para que la comunidad docente de las universidades nacionales la evalúe”. Por lo tanto, el Plenario decidió permanecer en estado de alerta y en sesión permanente. Al mismo tiempo, el gremio presentó un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denunciando la falta de respuestas del Gobierno a la convocatoria para discutir la paritaria.

Esta semana, se encontraron Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, con Franco Bartolacci, rector de la UNR, y Anselmo Torres de la UNRN. En ese encuentro, se propuso una oferta salarial intermedia que busca adecuarse a lo estipulado por la ley, la cual establece una recuperación salarial del 45,6% en términos reales, considerando la inflación desde diciembre de 2023. La propuesta del Gobierno incluye una recomposición salarial del 21,33% para junio, más un 3% en octubre, además de un aumento del 20% para gastos de funcionamiento y partidas extra para becas y hospitales universitarios.

Por otro lado, desde la Casa Rosada se ha pedido a las universidades que retiren el litigio que se encuentra en la Corte Suprema, algo que las autoridades académicas rechazan.

En cuanto al conflicto por el financiamiento universitario, la Corte Suprema de Justicia brindó un nuevo revés al Gobierno de Javier Milei al desestimar una presentación del Estado nacional en la causa promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir el cumplimiento de la mencionada ley. Este fallo, firmado el 4 de junio, desestimó la queja presentada por el Poder Ejecutivo contra decisiones previas que habían rechazado la recusal de ciertos jueces involucrados en el caso.

Los magistrados argumentaron que no se ha demostrado un interés personal en el resultado del litigio y recordaron que los mecanismos de recusación son excepcionales. Además, destacaron que alterar este principio podría afectar el funcionamiento del sistema judicial.

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