Ni Una Menos señala subregistro de femicidios en el país
La socióloga Lucía Cavallero expresó que el caso de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, muestra “un ensañamiento típico de los femicidios”. Al hablar sobre la situación, criticó al Gobierno de Javier Milei, argumentando que “cree que la violencia no tiene género”.
Referentes del movimiento feminista Ni Una Menos se manifestaron tras esta tragedia, señalando que existe un subregistro de femicidios en la actualidad. En su opinión, esto está relacionado con la postura gubernamental que minimiza la violencia de género. “Dijeron que no eran femicidios sino ‘homicidios de mujeres’. Esa forma de categorizarlos distorsiona la realidad y socava luchas históricas”, afirmó Cavallero en una entrevista.
La socióloga también subrayó que hay una intencionalidad política detrás de estas declaraciones. Mientras desde el Gobierno se celebró una supuesta baja en los ‘homicidios de mujeres’, el movimiento alertaba sobre el caso de Agostina, afirmando que su asesinato evidenciaba un comportamiento propio de los femicidios.
Críticas a la visión del Gobierno
Cavallero insistió en que, más allá de hablar solamente de mujeres, el feminismo promueve un “lazo social” que abarca a toda la comunidad. En su opinión, las relaciones sociales en Argentina se están reconfigurando a raíz de las políticas de ajuste que se aplican en múltiples áreas.
Además, hizo hincapié en que la cifra de femicidios presenta muy pocas variaciones y refleja problemas estructurales profundamente arraigados. Según ella, se da un subregistro en los crímenes de género, producto de la idea que el actual Gobierno sostiene de que “la violencia no tiene género”.
Denuncias sobre la justicia y el Estado
La organización Ni Una Menos también dirigió críticas al Poder Judicial por su rol en el caso de Agostina. Cuestionaron la actuación del fiscal Raúl Garzón y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, acusándolos de “desidia organizada desde el Estado”. Durante una conferencia de prensa, Cavallero describió el enfoque del gobierno como un antifeminismo de Estado, afirmando que el femicidio es una forma de “desidia institucional”.
El caso de Agostina pone de relieve graves fallas estructurales en el sistema, que afectan no solo a la víctima, sino que revelan un contexto de violencia de género desatendido. Cavallero se preocupó por las condiciones sociales de la joven, argumentando que “la opción por la desidia está ligada directamente a las condiciones de la víctima”. Esta perspectiva invita a reflexionar sobre los sistemas que deberían proteger y cuidar a todos los ciudadanos.