El Gobierno añade $590 millones al presupuesto del Banco de Datos Genéticos
El Gobierno nacional acaba de cumplir con una orden del juez federal Alejo Ramos Padilla y decidió ampliar el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Esta medida llega después de meses de restricciones que amenazaron su funcionamiento. El juez puso fin a un conflicto judicial, pero fue claro al advertir a la Jefatura de Gabinete sobre los riesgos de caer nuevamente en el incumplimiento.
El titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata firmó este martes una resolución que da por concluidas las obligaciones de la administración nacional respecto a un aumento de las partidas de $590 millones. Según las autoridades del organismo, estos fondos serán útiles para continuar con la custodia y resguardo de las muestras.
La Justicia sobre el envío de fondos al BNDG: “Garantiza el correcto funcionamiento”
Para el juez, el rol del Estado argentino trasciende la persecución y sanción de los delitos. También debe enfocarse en reparar a las víctimas y la sociedad, facilitando el acceso a la verdad, la identidad y la justicia. De esta forma, la restitución de cada persona apropiada se convierte en un elemento clave para el respeto de los Derechos Humanos.
Resaltó que “el acuerdo arribado garantiza el correcto funcionamiento del BNDG”, asegurando así que se ha superado la situación crítica que provocó la medida cautelar original. Este organismo juega un papel fundamental en las políticas de derechos humanos y en la búsqueda de justicia.
La crisis presupuestaria del BNDG
El BNDG se encontraba en una situación complicada debido a restricciones presupuestarias que comenzaron a hacer mella meses atrás. El punto crítico llegó el 8 de mayo, cuando la directora Mariana Herrera Piñeiro notificó a jueces y fiscales que podrían dejar de recibir muestras biológicas.
En las instalaciones del BNDG se almacenan alrededor de 32 mil registros genéticos, en su mayoría vinculados a familias que buscan a bebés robados durante la dictadura militar o que sospechan que pueden ser hijos de desaparecidos.
La problemática llevó a que los fiscales especializados, como Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, intervinieran, advirtiendo que la falta de recursos ponía en riesgo la resolución de casos de apropiación de menores. Destacaron que era “imprescindible” remediar la situación de forma rápida, dado que cualquier demora podía significar la pérdida de evidencia crucial.
Los argumentos presentados por Herrera Piñeiro y los fiscales fueron decisivos para que el juez Ramos Padilla emitiera la medida cautelar que obligaba al Gobierno a actualizar el presupuesto. Inicialmente, se pensó en un incremento de $400 millones, pero al final se acordaron $590 millones, cifra considerada necesaria por la directora del BNDG.
La respuesta del Gobierno
A finales de la semana pasada, el Gobierno comunicó que ya estaba gestionando el aumento del presupuesto para el BNDG y que solicitó el levantamiento de la medida cautelar que le obligaba a asegurar su funcionamiento rápidamente.
Sin embargo, las autoridades también criticaron el diagnóstico presentado por el BNDG, argumentando que los problemas operativos eran fruto de una gestión ineficiente y no de falta de recursos. Aseguraron que no existe un impedimento presupuestario para la continuidad de los servicios que son vitales.
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987, a raíz de una solicitud de las Abuelas de Plaza de Mayo al entonces presidente Raúl Alfonsín. Ellas creían que la ciencia podría ayudar en la búsqueda de los niños y niñas que les habían sido arrebatados. Hasta hoy, han logrado restituir la identidad de 140 nietos y nietas.