La Legislatura rechaza la reforma constitucional y Melella actuará
La Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur dio un nuevo giro en la historia de la reforma constitucional. Le puso freno al veto de Gustavo Melella, que había suspendido el proceso. El gobernador no tardó en criticar a quienes, según él, desean mantener sus privilegios y anunció que llevará el caso a la Justicia.
Con un resultado de 11 votos a favor, 3 en contra y una ausencia, el parlamento fueguino desafió la decisión de Melella. Esto añade un nuevo capítulo a una larga historia sobre la modificación de la Constitución local, que revela la debilidad política del oficialismo en la provincia.
Hace poco, la misma Legislatura había anulado la ley 1.529, que se aprobó en diciembre de 2023 y que indicaba la necesidad de reformar la Constitución. Sin duda, este proyecto era uno de los más importantes para el gobernador. Para asegurarse de que el proceso avanzara, Melella había convocado, un día antes, elecciones para elegir a 15 convencionales constituyentes para el 9 de agosto. Sin embargo, los legisladores pasaron por encima de esa decisión, lo que desató una batalla interpretativa.
Finalmente, Melella decidió vetar no solo esta norma, sino también la conocida “ley de Goteo”, impulsada por el PJ, abriendo otro frente con sus exaliados peronistas. Aunque la Legislatura intentó derogar ese veto, no logró los votos necesarios y la cuestión volvió a discusión en comisión.
El descargo de Gustavo Melella en las redes sociales
El gobernador expresó su frustración en las redes sociales: “Lamento profundamente la insistencia a la impugnación de la reforma parcial de nuestra Constitución Provincial.” También criticó a los sectores que se resisten a ceder sus privilegios en la política fueguina.
Melella reflexionó, diciendo: “Nuestra provincia necesita reformarse, renovarse, mirar hacia adelante y no vivir atado al pasado.” En otro mensaje, arremetió contra los legisladores por “avanzar en una ilegalidad que atenta directamente contra las instituciones democráticas y la seguridad jurídica.” Además, consideró que intentar frenar un proceso de reforma constitucional que ya está en marcha es algo sin precedentes en el país.
El gobernador mencionó que se verá obligado a acudir a la Justicia, ya que considera que este intento de impugnación es “claramente inconstitucional.”
Desde la oposición, el ambiente fue de celebración. El senador nacional Agustín Coto (La Libertad Avanza) compartió un post en el que afirmaba que “nuevamente primó la cordura” al anular la Ley 1529, que intentaba someter a los fueguinos a un proceso innecesario y costoso.
Coto también destacó que “las constituciones no se reforman por conveniencia política ni por especulación electoral.” Señaló que el verdadero enfoque debería estar en resolver problemas más acuciantes de la provincia, como la falta de inversión en energía, la crisis escolar, el deterioro de la salud y la administración de los recursos públicos.
La reforma constitucional de Tierra del Fuego había sido aprobada a fines de 2023, justo antes de un cambio de nombres en la Legislatura. Tenía como objetivo modificar 70 de los 211 artículos de la Constitución local. Luego, en julio de 2024, Melella había convocado elecciones convenciadas para noviembre, pero el proceso se detuvo en agosto.
A casi un año de esos eventos, y con ciertos problemas también en la Casa de Gobierno, el mandatario intentó reencauzar el proceso. Pero la situación ya era diferente. La ruptura con los intendentes de Río Grande, Martín Pérez, y Tolhuin, Daniel Harrington, complicó aún más el panorama.
Desde la oposición, acusan a Melella de buscar atajos para intentar competir por un tercer mandato, destacando que este proceso tendría un costo de $8.000 millones. La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas también derivó en un quiebre con el oficialismo de Walter Vuoto, intendente de Ushuaia y jefe del PJ provincial.
La situación se vuelve más compleja a medida que se suman las dificultades económicas que enfrenta la industria, exacerbadas por el contexto nacional y la intervención en el puerto de Ushuaia, uno de los principales recursos de la provincia.