Salta, La Pampa y Santa Fe exigen mejoras en rutas nacionales
En La Pampa, la situación vial se ha vuelto un tema caliente. Setenta y cuatro intendentes, tanto del oficialismo como de la oposición, se unieron para expresar su “profunda preocupación” por el estado de las rutas nacionales, que están siendo descuidadas. Lo que realmente reprochan son los drásticos recortes en el presupuesto nacional para el mantenimiento de estas vías en 2026.
Los mandatarios dejaron claro que estas rutas no son simplemente caminos. Son arterias vitales para la vida diaria de las comunidades, esenciales para el comercio, el turismo, y hasta para el transporte de emergencias. Con el estado actual, afirmaron que “el abandono de las rutas impacta directamente en la seguridad” de las personas que transitan por ellas, lo que genera una preocupación constante en sus pueblos.
En su comunicado, apoyaron la propuesta del gobierno provincial exigiendo a la Nación que transfiera los fondos adeudados o, al menos, que deje a la provincia intervenir directamente en el mantenimiento de estas rutas. Se hizo un llamado a la urgente reactivación de obras en varias nacional, como las rutas 5, 35, 143, 151, 152, 154 y 188.
Reclamo en Santa Fe
La crisis vial también resonó en el Senado de Santa Fe. Ahí, se aprobó un proyecto por unanimidad que pide al gobierno que informe urgentemente sobre la situación de la Dirección Nacional de Vialidad y el estado de las rutas en la provincia. Ciro Seisas, el legislador de Rosario detrás de la iniciativa, fue contundente al afirmar que “la irresponsabilidad de Nación se paga con la vida de los santafesinos.”
De los 43.000 kilómetros de rutas nacionales, la gran mayoría está en condiciones críticas, y únicamente se planea licitar 9.000 kilómetros, que tampoco se están ejecutando. En el sur de la provincia, en el área del Gran Rosario, circulan dos millones de camiones al año, y el mantenimiento prácticamente no existe.
El área también fue escenario de una audiencia pública, donde legisladores y vecinos manifestaron su preocupación por el estado de la RN 34. Se discutió la posibilidad de una demanda colectiva para exigir que Nación actúe de inmediato. El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, advirtió que la inacción podría tener consecuencias legales.
En cuanto a la realidad de las rutas, un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) reveló que más del 53% de los 2.700 kilómetros de rutas nacionales en Santa Fe están en estado “malo.” Solo un 20% se considera en buenas condiciones.
La situación se ha vuelto alarmante. Desde enero hasta abril de 2026, ya se registraron 34 muertes en accidentes viales en estas rutas. La tasa de mortalidad es 1,3 fallecidos cada 100 kilómetros, muy superior al 0,2 en rutas provinciales, evidenciando la urgencia de intervención.
“Ya no hablamos de pozos, sino de cráteres”
En medio de todo esto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aprovechó un evento en la Bolsa de Comercio de Rosario para cuestionar el estado de la infraestructura vial. “Ya no hablamos de pozos, sino de cráteres,” enfatizó, recordando que estas rutas son responsabilidad del gobierno nacional.
Pullaro vinculó su reclamo a las retenciones agropecuarias, sugiriendo que esos fondos deberían destinarse a mejorar la infraestructura. Aseguró que los transportistas no pueden seguir enfrentando problemas cada vez que intentan llegar a los puertos. De hecho, su gestión está buscando recursos propios para encarar esta situación.
Rechazo a la provincialización
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) también llegó un fuerte rechazo a la provincialización de ciertos tramos de rutas nacionales, una medida tomada a través de un decreto. Califican esta decisión como “ilegal e inoportuna,” ya que no cuenta con el respaldo necesario y afecta principios básicos del sistema federal.
El CONADUV aclaró que para que se transfieran las rutas a las provincias, debe intervenir el Congreso y asignarse recursos específicos. Criticaron el esquema de financiamiento propuesto, que contempla peajes en las rutas, considerándolo un “impuesto encubierto.”
La propuesta alternativa de la entidad incluye un plan vial integral usando recursos existentes, sobre todo los provenientes del Impuesto a los Combustibles, del cual no se ha redistribuido nada desde la asunción de Javier Milei. De esta manera, buscan un sistema vial más eficiente, sin cargos adicionales para los usuarios, garantizando así una mejor circulación y desarrollo productivo.