Chubut limitará el uso de celulares por presos en cárceles
La Legislatura de Chubut dio un paso importante al aprobar la prohibición del uso de celulares para los presos en cárceles, alcaidías y comisarías de la provincia. El objetivo es claro: poner fin a las estafas, extorsiones y amenazas que se originan desde los penales.
Este nuevo Proyecto de Ley General N° 017/2026 recibió luz verde tras el análisis de las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia, así como de Legislación General, Cultura y Educación. Se establece que “el uso de equipos celulares por parte de personas privadas de su libertad” queda prohibido.
No obstante, los legisladores subrayaron que se implementará un sistema controlado de comunicación para asegurar que los internos puedan seguir en contacto con sus familias, aunque sin acceso a internet.
El gobernador Ignacio Torres celebró el respaldo que tuvo la iniciativa y remarcó que esto se llevó a cabo sin intereses políticos. Según él, lo primordial es garantizar la seguridad de todos los chubutenses. “A partir de ahora, en nuestra provincia van a dejar de existir esos ‘call centers del delito’ que operaban desde una celda”, aseguró.
Torres también mencionó que los internos están cumpliendo una condena y no deberían tener herramientas para seguir cometiendo delitos. Además, destacó que Chubut es uno de los primeros lugares en el país en avanzar con una medida así, lo que no solo fortalece la seguridad penitenciaria, sino que forma parte de un esfuerzo más amplio por prevenir el delito.
Por último, subrayó que esta ley resguarda los derechos de los presos al permitirles comunicarse, pero de manera controlada, sin dispositivos que faciliten la delincuencia.
Qué dice la nueva ley
El proyecto deja en claro que se prohíbe el “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles” para las personas privadas de libertad en los lugares de detención de Chubut.
A su vez, se establece la creación de un régimen de comunicaciones institucionales que garantice el derecho a comunicarse en condiciones seguras y respetando los derechos humanos, en línea con la Ley Nacional 24.660.
Esta normativa se aplicará en todos los establecimientos penitenciarios, unidades, comisarías y centros de detención dentro de la provincia. También se extiende a quienes se encuentren en unidades del Servicio Penitenciario Federal por disposiciones judiciales de autoridades provinciales.
Cuando se detecte un dispositivo prohibido, se procederá a su inmediato decomiso. Se levantará un acta detallando lugar, fecha y circunstancias del hallazgo. Si hay indicios de un delito, se informará al Ministerio Público y al juez correspondiente.
La ley también incluye medidas de control para evitar que los dispositivos ingresen a los establecimientos, asignando esta tarea como una responsabilidad permanente de las autoridades.
Las terminales habilitadas para las comunicaciones estarán restringidas a llamadas de voz, sin posibilidad de acceder a internet, redes sociales, mensajería, correos electrónicos, videollamadas o intercambio de archivos.
Las comunicaciones solo podrán hacerse hacia números previamente autorizados, y se llevará un registro de cada llamada, con datos sobre fecha, hora, duración y operador.
Finalmente, se permite que la autoridad competente instale soluciones técnicas para evitar comunicaciones clandestinas dentro de los establecimientos, incluyendo sistemas de inhibición de señales.