Gobierno designa a la Guardia Revolucionaria Islámica como terrorista
El Gobierno argentino oficializó el martes la declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista. En un comunicado de la Oficina del Presidente, se hizo hincapié en que este grupo militar está vinculado a dos de los atentados más trágicos que sufrió el país: los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA.
La medida fue anunciada con firmeza desde Casa Rosada: “El Gobierno Nacional ha declarado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista”. Esto se refiere a acciones concretas que se relacionan directamente con los eventos de 1992 y 1994, eventos que aún resuenan fuerte en la memoria colectiva argentina.
En ese sentido, el comunicado recordó que Argentina fue víctima de “dos de los atentados terroristas más graves de la historia”. Hablamos de los ataques atribuidos a Hezbolá, que actuó como el brazo operativo de este grupo iraní.
Los atentados del pasado
El comunicado del Gobierno detalla los ataques: el 17 de marzo de 1992, un coche bomba destruyó la sede diplomática israelí en Buenos Aires, causando la muerte de 29 personas y dejando a más de 200 heridos. Casi dos años después, el 18 de julio de 1994, otro ataque arrasó la sede de la AMIA, donde fallecieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Fue, sin duda, el ataque terrorista más devastador en suelo argentino.
El Ejecutivo también subrayó que ambas tragedias fueron “planificadas, financiadas y ejecutadas con la participación directa de altos funcionarios del régimen iraní”. Además, la Justicia mantiene alertas rojas de Interpol sobre varios ciudadanos iraníes, entre ellos, el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, quien recientemente fue nombrado al frente del Cuerpo.
Sanciones y medidas
Con esta declaración, el CGRI fue incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPET). Esto significa que se activa un régimen de sanciones financieras y restricciones operativas para limitar su influencia y operaciones en el país. Todo esto también apunta a reforzar la protección del sistema financiero argentino frente a maniobras ilegales.
El presidente Javier Milei señaló que esta decisión busca “saldar una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas”. Reiteró su alineación con Occidente y lanzó un mensaje contundente contra el terrorismo y el crimen organizado, dejando claro que se necesitan acciones decididas para enfrentar este tipo de desafíos.