Reinicio de paro en universidades públicas por ley de financiamiento
Las universidades públicas en Argentina se preparan para una nueva interrupción en las clases. Después de un paro de cinco días que tuvo lugar del 16 al 20 de marzo, se anunció que habrá otra medida de fuerza por 72 horas, comenzando este lunes 30 de marzo y extendiéndose hasta el miércoles 1 de abril.
Los gremios de docentes y no docentes continúan demandando la implementación de la ley de financiamiento universitario. Esta legislación es clave para asegurar los recursos necesarios para salarios, becas y otros gastos de funcionamiento. La discusión sobre estos temas resuena fuerte entre autoridades y estudiantes, especialmente tras un reciente encuentro de rectores que destacó la urgencia por un presupuesto adecuado para las universidades.
En este contexto, el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario fue aprobado en el Congreso, pero el Gobierno ha decidido no llevarlo a la práctica. Esto llevó a una judicialización que, a favor de las universidades, terminó en un fallo positivo. Luego, el Gobierno ofreció un aumento salarial del 12,3% en tres etapas: una parte en marzo, otra en julio y la última en septiembre. Sin embargo, los docentes argumentan que este aumento no contempla la inflación proyectada, que podría ser significativa a fin de año. Ellos piden un ajuste del 55,4% para poder empatar con el salario de diciembre de 2023.
La actual situación financiera es preocupante. En reuniones recientes en Santa Rosa, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un informe advirtiendo que la situación presupuestaria es crítica. Según este documento, las transferencias a las universidades nacionales han tenido una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que significa menos recursos disponibles para las instituciones docentes.
En cuanto a los salarios de los trabajadores de la educación, se menciona que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, se espera un incremento del 158% en los haberes. Sin embargo, la inflación en ese mismo periodo llegaría al 280%, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo que se traduce en más de 7 salarios mensuales.
El CIN también destacó que los gastos de funcionamiento no superan el 64% de lo que había en enero de 2023. Actualmente, estos desembolsos se sitúan en torno al 40%, lo cual perjudica enormemente el funcionamiento habitual.
Finalmente, las partidas para programas de becas, como las de Becas Progresar, han sido recortadas en un 82% nominalmente entre 2025 y 2026, ubicándose por debajo del 95% respecto a lo que se destinaría en 2023.
Con todo este panorama, el tema de la financiación y los derechos laborales en las universidades públicas sigue en el centro del debate. Además de la gestión de temas financieros, se están eligiendo nuevas autoridades dentro del CIN, con cambios notables en la presidencia.