La audiencia pública rechaza reforma a la ley de glaciares
En un contexto de tensión judicial y demandas por mayor participación ciudadana, comenzaron las audiencias públicas sobre la reforma a la ley 26.639 que protege glaciares y ambientes periglaciares. Este primer día, que se desarrolló con una notable concurrencia, vio la presencia de 95 de los 196 autorizados, de un total de más de 120.000 inscriptos. La mayoría de los disertantes, exactamente 84, se manifestaron en contra de la reforma.
Entre los que apoyan la modificación se destacó una fuerte representación de San Juan. Tres funcionarios provinciales, un abogado de empresas mineras y representantes de entidades del sector expresaron su respaldo. Además, figuras como Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, se sumaron a la causa. La audiencia, que duró 12 horas, terminó antes de que todos los inscriptos pudieran exponer, lo que generó malestar.
En medio de esta situación, un grupo de diputados de Unión por la Patria propuso un proyecto de ley para realizar una consulta popular vinculante en todo el país. La pregunta a plantear sería: “¿Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciales?” Sin embargo, se rumorea que en Diputados podría haber una sesión para sancionar la reforma el próximo 8 de abril, acelerando el proceso.
Reforma a la ley de Glaciares: descontento por la falta de participación
Las audiencias atravesaron un clima complicado por los conflictos judiciales y peticiones de impugnación por parte de la oposición. Este contexto llevó al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, bajo la dirección del juez Enrique Lavié Pico, a rechazar medidas cautelares de organizaciones ambientales que buscaban ampliar la participación ciudadana.
Por si fuera poco, el tiempo de intervención fue reducido de cinco a cuatro minutos. La tensión escaló cuando los diputados opositores denunciaron que se había impedido el ingreso de varios inscriptos autorizados, en medio de un despliegue policial que complicó el acceso al Congreso.
Los opositores a la reforma argumentan que su carácter regresivo podría acarrear problemas legales, y que podría chocar con otros artículos constitucionales que buscan garantizar seguridad jurídica para las inversiones. También resaltan preocupaciones sobre las posibles consecuencias ambientales de una flexibilización en los controles, así como las decisiones interjurisdiccionales que cada provincia podría tomar respecto a los glaciares.
El proyecto de reforma, que forma parte de las prioridades del actual gobierno, propone cambios significativos a la ley 26.639. Al ratificar a los glaciares como reservas estratégicas de agua, se estima que la minería, considerada un motor de inversiones, impulsará cinco proyectos por un total de 30.000 millones de dólares.
La modificación permite a las autoridades locales decidir cuándo una reserva es “estratégica” y participar en el Inventario Nacional de Glaciares (ING), lo que incluye la posibilidad de añadir o eliminar glaciares de la lista. Además, se han flexibilizado los esquemas de autorización para explotación minera, quitándole poderes a la Cancillería y a los Comités de Cuenca.
Audiencia pública por la Ley de Glaciares
Entre quienes se manifestaron en contra de la reforma, estuvo Vanina Basso, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa. Basso recordó la complicada relación de su provincia con el río Atuel, advirtiendo sobre los riesgos que una menor regulación puede generar. “Cuando se debilitan los controles, se fragmentan las reglas y se priorizan intereses a corto plazo, siempre son los territorios más vulnerables los que terminan pagando las consecuencias”, enfatizó.
La exdiputada Marta Maffei, coautora de la ley vigente, subrayó el esfuerzo realizado en la redacción inicial de la norma, que incluyó consultas a académicos y comunidades. Criticó la reforma al afirmar que “parece promover el federalismo, pero en realidad busca que cada provincia disponga de manera discrecional sobre nuestros glaciares”.
Por otro lado, Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, recordó su experiencia en las negociaciones del acuerdo de Escazú. Aseguró que la nueva ley no respetará los presupuestos mínimos, lo que generará una falta de uniformidad ya que cada provincia actuará según su criterio.
En una postura más equidistante, el ingeniero glaciólogo Gabriel Cabrera señaló que la ley vigente tiene fallas, pero que el inventario de glaciares está bien realizado. Aunque hizo un llamado a revisar ciertos artículos de la nueva propuesta, reconoció que algunos aspectos de la reforma merecen atención.
El respaldo a la reforma fue defendido por Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan. Aseguró que la minería es esencial para el desarrollo regional e importante para inversiones en infraestructura. En su planteo, sugirió el uso eficiente del agua mediante un sistema de riego mecanizado, que actualmente consume la mayor parte del recurso hídrico en su provincia.