Amparo de la CGT contra reforma laboral: detalles clave
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido llevar su voz a la Justicia para declarar la nulidad e inconstitucionalidad de partes importantes de la Ley de Modernización Laboral. Según argumentan desde la CGT, esta ley amenaza con el cierre de la Justicia Nacional del Trabajo y atenta contra derechos fundamentales de los trabajadores.
En su presentación, además, solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la ley 27.802, junto con el convenio que transfiere competencias laborales a la Ciudad de Buenos Aires. Esta acción se llevó al Fuero Contencioso Administrativo, donde el juez a cargo es Enrique Lavié Pico.
La demanda se dirige alineadamente contra el Estado nacional, buscando que se declare la nulidad e invalidez constitucional de las cláusulas específicas de la ley y del convenio mencionado. Este enfoque refleja la preocupación de la CGT sobre el impacto que esta legislación podría tener en el acceso a la justicia para los trabajadores.
Críticas al cierre de la Justicia Nacional del Trabajo
Desde la CGT se advierte que las disposiciones de la ley apuntan a eliminar la Justicia Nacional del Trabajo, algo que consideran una medida arbitraria y en contra del orden constitucional. En el documento presentado, se denuncia que el convenio aprobado cerraría 30 juzgados laborales y una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, indicando que esto es solo el inicio de un proceso que desembocaría en la extinción completa del fuero laboral.
La central sindical sostiene que este acuerdo configura una deuda del Gobierno nacional con el funcionamiento de la Justicia, promoviendo un cierre gradual de la Justicia Nacional del Trabajo. “El planteo incluye el pedido de inconstitucionalidad de ambos artículos,” confirmaron المصادر que trabajaron en la presentación judicial.
Riesgo para los trabajadores
La CGT señala que esta decisión pone en riesgo la garantía de los trabajadores para acceder a tribunales especializados que resuelvan sus conflictos laborales. En el escrito se argumenta que la reforma “expone a un grave riesgo” el derecho de los trabajadores de que sus casos sean analizados por tribunales regidos por la Constitución Nacional.
Argumentos de inconstitucionalidad
La CGT planteó también varias objeciones respecto al proceso legislativo que llevó a la aprobación de esta reforma. Mencionan que la ley fue debatida en sesiones extraordinarias sin que el Poder Ejecutivo justificara la urgencia necesaria, algo que es un requerimiento constitucional.
Además, se señala que el proyecto original que se presentó al Congreso no incluía el acuerdo de transferencia de la Justicia laboral, el cual fue agregado después de su inicio.
Cuestionamientos al acuerdo con la Ciudad
Un aspecto importante que destaca la CGT es que el acuerdo entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires habría sobrepasado su alcance. Según la presentación, el jefe de Gabinete solo tenía autorización para negociar la transferencia de competencias, pero no para acordar la eliminación de los tribunales nacionales.
Esto implica que las facultades que tenía en ese momento solo eran para el traspaso de competencias, pero en ningún caso para convenir la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo.
“Acto discriminatorio” contra el fuero laboral
La CGT también critica que la reforma parece estar dirigida exclusivamente contra la Justicia del Trabajo. En este sentido, se argumenta que “se ataca únicamente a la Justicia del Trabajo, disponiendo su desaparición,” lo que consideran un acto discriminatorio en el ámbito legislativo. Además, el cierre del fuero laboral podría ser interpretado como una represalia frente a las decisiones tomadas por estos tribunales en el pasado.
Desde hace décadas, la Justicia Nacional del Trabajo ha sido una garantía efectiva para que los trabajadores defiendan sus derechos establecidos por leyes y convenios colectivos.
El pedido de “inconstitucionalidad” ante la Justicia
Con todos estos argumentos, la CGT ha solicitado que se declare la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas y se suspenda su aplicación. Según su presentación, los efectos de esta reforma no solo afectarían a los trabajadores con juicios laborales ya en marcha, sino también a empleados y funcionarios del propio Poder Judicial que trabajan en el ámbito laboral.