la lucha por el control de la gigante del agro se intensifica
La asamblea de accionistas programada para el 25 de febrero marcó un nuevo capítulo en la crisis que está atravesando Bioceres, un grupo biotecnológico de Rosario. Esta situación no solo involucra cuestiones empresariales, sino también un conflicto por el control de patentes y licencias tecnológicas en el agro, que se intensificó tras la presentación de quiebra de Bioceres SA, poco después de un cambio en el directorio. Este movimiento generó un clima de sospechas respecto a las intenciones detrás del proceso.
Todo empezó a cambiar en 2025, cuando un grupo de inversores liderado por el uruguayo Juan Sartori tomó el mando. Sartori, que ha estado vinculado a diversos sectores, ganó poder gracias a su empresa Union Group Venture Limited. Con este recambio, Moolec Science se convirtió en el pilar del equipo directivo, desde donde se definen las estrategias. Desde el grupo fundador, sostienen que esta reorganización fue un primer paso hacia una reconfiguración completa. Quienes apoyan a Sartori, en cambio, opinan que era una reorganización necesaria para poder enfrentar la crisis.
Sartori no es una figura menor en el mundo financiero. Además de haber sido candidato presidencial y senador en Uruguay, ha invertido en múltiples sectores, desde agronegocios hasta criptomonedas. Su presencia en Bioceres fue interpretada por el mercado como un cambio hacia una lógica más financiera que científica, lo que ha aumentado las tensiones entre los accionistas.
Cómo se gestó la disputa de control
Bioceres nació en 2001, impulsada por productores y científicos que buscaban desarrollar la biotecnología agropecuaria. Con el tiempo, logró conformar una estructura multinivel con adquisiciones relevantes, como Bioceres Crop Solutions, que cotiza en Nasdaq. Aunque esta firma no está en default, su futuro está ligado al control de la empresa madre.
El vínculo de Sartori con Bioceres data de 2019, cuando una SPAC relacionada se fusionó con activos del grupo, lo que produjo su salida a Wall Street. Este paso marcó la llegada de capital global en una estructura hasta entonces dominada por argentinos del sector agropecuario.
El quiebre interno sucedió a mediados del año pasado, cuando Sartori y su grupo obtuvieron mayoría en el directorio. Desde entonces, han modificado la dirección y estrategia, decisiones que están siendo puestas en tela de juicio por el antiguo management.
Default, quiebra y frente judicial abierto
La crisis se aceleró cuando Bioceres no pudo cumplir con pagos de pagarés por aproximadamente u$s5,3 millones, acumulando otros pasivos. Después de la asamblea del 15 de diciembre de 2025, se cambió el directorio y se decidió pedir la quiebra, presentada formalmente el 26 de diciembre ante la justicia de Santa Fe. Cada parte tiene su propia interpretación: los actuales sostienen que la insolvencia hacía esta decisión inevitable, mientras que los fundadores creen que todo fue parte de una estrategia para reorganizar la empresa.
Ese giro significó una ruptura con la estrategia anterior, que pretendía renegociar deudas y mantener operaciones. Desde ahí, la situación escaló a instancias judiciales, donde exdirectivos impugnaron decisiones de la asamblea. Un tribunal civil incluso dictó medidas cautelares que suspenden parcialmente sus efectos, dejando un escenario incierto.
La asamblea del 25 podría extender aún más los conflictos legales, ya que se discutirá una posible “acción social de responsabilidad”. Si se aprueba, se abrirían litigios contra exadministradores, lo que elevaría la tensión interna.
El trasfondo financiero y el activo estratégico
Más allá de la disputa, el factor económico sigue siendo crucial. Cada bando interpreta la situación del default de manera diferente. Mientras el bloque actual lo atribuye a problemas heredados, los fundadores consideran que la crisis se intensificó tras el cambio de control. Documentos regulatorios internacionales explican que la pérdida de control sobre subsidiarias con patrimonio negativo puede resultar en ganancias contables, un desarrollo que ahora se discute ferozmente entre los accionistas.
También está presente Rizobacter, una firma emblemática del negocio agrícola. Su conducción asegura que mantiene solidez operativa, aunque el contexto social afecta su imagen en el mercado.
Para los inversores y analistas, el núcleo del problema es estructural. Controlar la sociedad madre significa tener influencia sobre todos los activos relevantes, aun sin poseerlos directamente. Por eso, la discusión actual va más allá de una empresa en particular. Aquí se está definiendo quién tendrá el poder sobre una plataforma biotecnológica que ha sido un pilar de la ciencia y la producción agroindustrial en la región durante los últimos 20 años.
El desenlace inmediato depende de lo que suceda en la asamblea y en los tribunales involucrados. Pero el trasfondo es aún más complejo: está en juego el futuro del grupo y la influencia entre un bloque inversor y accionistas históricos. Lo que se discute aquí no es solo una reestructuración financiera, sino el control de uno de los desarrollos tecnológicos más ambiciosos que ha surgido del agro.