Cómo avanza el proyecto del gobierno de Javier Milei
El Senado argentino ha dado media sanción a una reforma laboral que promete cambiar el panorama del empleo formal. Este proyecto, presentado como una forma de “modernizar” el sistema laboral existente, ahora tendrá que pasar por la Cámara de Diputados. No obstante, no ha estado exento de críticas, principalmente de sindicatos y algunos sectores de la oposición.
Una de las modificaciones más destacadas es la habilitación de convenios colectivos por empresa. ¿Qué significa esto? Que las condiciones laborales podrían negociarse directamente entre empleadores y empleados o sus sindicatos, dejando atrás los acuerdos sectoriales tradicionales. Según el oficialismo, esto brindará una mayor flexibilidad adaptándose a la realidad de cada compañía, pero los gremios advierten sobre el riesgo de fragmentar la negociación colectiva, lo que podría debilitar la posición de los trabajadores.
Además, el proyecto establece un tope para las indemnizaciones por despido, fijando un límite que se basará en el salario promedio registrado. Este cambio afecta el cálculo actual y podría disminuir potencialmente los costos para los empleadores. Desde el Gobierno se argumenta que esto busca fomentar la contratación formal y dar previsibilidad, mientras que desde el sindicalismo se sostiene que puede perjudicar la protección ante despidos injustificados.
Cambios al proyecto de reforma laboral
Otro punto relevante es la creación de un “banco de horas”. Este mecanismo permitiría compensar las horas extras trabajadas en períodos de mayor carga, evitando el pago automático de horas extras. La idea es otorgar mayor flexibilidad sobre cómo se organiza el tiempo laboral, lo cual podría ser especialmente útil en actividades con picos estacionales.
La reforma también trae consigo cambios en los períodos de prueba, ajustes en las multas por empleo no registrado y modificaciones en los esquemas de registración laboral. El Gobierno asegura que el objetivo de estas reformas es reducir la litigiosidad y fomentar la formalización de los trabajadores.
Un debate intenso
Durante el debate en el Senado, los legisladores oficialistas defendieron la reforma como una herramienta necesaria para dinamizar el mercado laboral y reducir la informalidad. Por otro lado, sectores de la oposición cuestionaron cómo estas modificaciones podrían afectar derechos adquiridos y debilitar el poder de negociación de los trabajadores.
Con esta media sanción, el proyecto ahora se dirige a la Cámara de Diputados, donde se anticipan intensas negociaciones. El resultado dependerá en gran medida del equilibrio de fuerzas políticas y de las modificaciones que puedan surgir en esa instancia.
Últimos ajustes en la reforma
Con una serie de ajustes de último momento, el oficialismo logró asegurar la media sanción en el Senado, luego de una jornada marcada por intensas negociaciones y presión sindical. La estrategia consistió en revisar varios artículos para obtener el apoyo de aliados y grupos moderados. Entre los cambios más significativos está la preservación de la obligatoriedad de los aportes a sindicatos y cámaras empresarias, aunque con límites menores a lo inicialmente propuesto.
Además, el Gobierno ha reformulado un esquema de remuneraciones para casos de enfermedad o accidente. Este nuevo esquema establece compensaciones que van del 50% al 75% del salario durante un período de tres a seis meses, dependiendo de cada situación laboral. También se habilitó la creación de una Junta Médica para mediar cuando existan diferencias en las certificaciones de incapacidad entre el empleado y el empleador.
Otro tema delicado que se incluyó en la reforma es la transferencia gradual de competencias de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, un cambio que ha generado discusiones entre los legisladores.
Este contexto de modificaciones y negociaciones que se dio en el Senado muestra cómo el oficialismo busca no solo actualizar un sistema que consideran obsoleto, sino también promover la formalización del empleo y reducir la litigiosidad. Sin embargo, los opositores han planteado que estos ajustes pueden beneficiar más a las empresas que a los trabajadores y han expresado sus preocupaciones sobre la posible precarización laboral.