Las repercusiones del operativo represivo en las inmediaciones del Congreso durante la jornada del miércoles continúan generando controversia. Tras la orden de liberación de los detenidos, diputados de Unión por la Patria han elevado un pedido de interpelación a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, para que explique el diseño y la ejecución del despliegue de fuerzas de seguridad.
La solicitud fue hecha por la diputada chubutense Eugenia Alianiello, quien calificó el operativo como una brutal acción represiva contra los manifestantes. Entre los detalles que se le solicitarán a la ministra están: el incendio de un patrullero que apareció abandonado, las autorizaciones del operativo, y el uso no reglamentario de armas de disuasión, como escopetas con posta de goma y gases lacrimógenos. También se mencionará un incidente en el que un efectivo, en lugar de recoger un arma, la pateó hacia adelante.
Reacciones en el Congreso
Este mismo miércoles, la bancada peronista emitió un comunicado donde se destacó que la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad fue desmedida, poniendo en riesgo la vida de los manifestantes. Algunos de ellos resultaron hospitalizados de gravedad, como el fotógrafo Pablo Grillo, quien se encuentra en estado crítico. Además, se registró un número considerable de detenidos, muchos de los cuales aún tienen paradero desconocido.
En respuesta a los acontecimientos, Patricia Bullrich defendió el operativo en el Congreso, afirmando que las fuerzas de seguridad estuvieron a la altura de las circunstancias. La ministra anunció que presentarán una denuncia conjunta con el Gobierno de la Ciudad contra los manifestantes por daños, y afirmó que aquellos que participaron en la marcha eran barras bravas y miembros de agrupaciones políticas de izquierda, lo que, según ella, justifica el despliegue policial.
Bullrich también adelantó que se aplicará derecho de admisión en todas las canchas del país y pidió a los clubes expulsar a los socios identificados como participantes de la marcha.
Controversia judicial
Por otro lado, la jueza Karina Andrade ordenó la liberación inmediata de las 114 personas detenidas. Desde el gobierno de Javier Milei se cuestionó esta decisión, afirmando que la Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en Argentina. La jueza argumentó que las detenciones afectaron derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta y la libertad de expresión.
En respuesta, el Gobierno anunció que iniciará una investigación oficial para denunciar a la jueza ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que no se trató de una protesta, sino de delincuentes cometiendo delitos a la vista de la sociedad.
