Dudas de aliados y presión por financiación
Diez días después de haber decidido posponer su propuesta de modificación del Código Penal para priorizar la reforma laboral, el Gobierno ha decidido abrir un nuevo capítulo al anunciar que su proyecto de Régimen Penal Juvenil se debatirá en las sesiones extraordinarias de febrero. Este viernes, incluso convocaron a los familiares de Jeremías Monzón para una reunión con Patricia Bullrich, quien afirmó: “Va a ser ley”. Pero las dudas de los bloques aliados complican esta afirmación y generan incertidumbre.
La postura del PRO es clara: “La edad de imputabilidad debe fijarse en los 14 años”. Desde la UCR, se insiste en que bajar la edad a 13 años podría romper los consensos previos y reabrir viejas discusiones. Este punto es crucial porque refleja la preocupación de muchos sobre los posibles efectos de modificar una norma tan sensible.
En marzo del 2024, tras el crimen de Bruno Bussanich en Rosario, algunos sectores impulsaron bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. A medida que pasaba el tiempo, el debate se extendió a las comisiones correspondientes sin llegar a un consenso. La situación se complicó aún más después de la muerte de Kim Gómez en La Plata, lo que llevó a Javier Milei a solicitar la aprobación del proyecto en su discurso inaugural. Así, el oficialismo logró un dictamen en mayo fijando la edad de imputabilidad en 14 años, pero desde entonces no avanzó más hasta que se desató la conmoción por la muerte de Jeremías Gómez en Santa Fe.
El Gobierno ahora busca presentar un nuevo proyecto basado en el texto que logró dictamen el año anterior, pero modificando la edad punible a 13 años. El inicio del debate está programado para la segunda semana de febrero en Diputados, al mismo tiempo que comienza la discusión sobre la reforma laboral en el Senado. Se espera que las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto se reúnan para tratar este tema, aunque otros grupos como Familias y Justicia aún deben ser conformados.
Desde la Coalición Cívica, se reclama que se elabore un informe para evaluar el costo fiscal de esta aprobación, apoyándose en un principio que incluso tuvo eco en las discusiones pasadas: no se puede sancionar una ley si no se indica de dónde provendrán los fondos. La preocupación por el presupuesto es real, ya que bajar la edad sin una inversión adecuada en infraestructura podría considerarse un “populismo penal”. Según la SENAF, hay provincias que apenas cuentan con unidades para adolescentes en conflicto con la ley.
El oficialismo intenta evitar esta exigencia, pero los números presentados por José Luis Espert en su momento ya mostraban que esto podría significar un costo fiscal significativo, especialmente en un contexto fiscal complicado. Esta situación tiene un impacto real en la discusión sobre cómo abordar el problema de la juventud en conflicto con la ley y qué medidas implementar para garantizar un tratamiento adecuado y justo.
Mientras tanto, se siente un tira y afloja en el Congreso. El Gobierno dice estar bien preparado para la aprobación de la ley, mientras que la oposición plantea cuestionamientos y no presenta alternativas plausibles. Como parte del discurso, algunos ministros de seguridad de provincias como Mendoza, Santa Fe y Córdoba apoyaron la baja de la edad de imputabilidad. Sin embargo, la situación parece más relacionada con los acuerdos financieros y la presión social en torno a casos como el de Jeremías Monzón que por cuestiones técnicas o ideológicas.
La comunidad está a la expectativa, y queda claro que el desenlace de este debate dependerá de factores complejos que se entrelazan, desde las dinámicas de poder en el Congreso hasta las repercusiones que tendrán las políticas implementadas en la vida real.