La justicia mantiene en pie el DNU sobre amplias facultades de la SIDE
El lunes, el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, rechazó un pedido judicial que buscaba suspender un decreto clave del Gobierno. Este decreto, de necesidad y urgencia (DNU), reconfiguró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplió sus facultades operativas. Entre estas, se destaca la posibilidad de aprehender personas sin una orden judicial en el marco de actividades de inteligencia.
Los abogados que presentaron el hábeas corpus preventivo argumentaron que este decreto representaba una amenaza a la libertad de movimiento de los ciudadanos. Sin embargo, el juez determinó que no se cumplían los requisitos legales para avanzar con la acción. La falta de una amenaza concreta e inmediata fue clave para su decisión.
Alonso explicó que el hábeas corpus preventivo debe demostrar un riesgo real y verificable, no una mera suposición. En su resolución, destacó que los demandantes no lograron identificar casos específicos en los que las nuevas atribuciones de la SIDE hayan llevado a detenciones arbitrarias.
Debido a esto, el juez desestimó la solicitud in limine, es decir, sin darle mayores trámites. Sin embargo, elevó el expediente a la Cámara Federal de Paraná, donde se revisará la decisión en un plazo de 24 horas. Este es el primer fallo que se refiere a los cuestionamientos sobre el DNU, en un contexto donde han proliferado los amparos y presentaciones legales, aunque sin éxito hasta ahora.
Por otro lado, el DNU, firmado el 31 de diciembre, reorganizó el sistema de inteligencia nacional y amplió las atribuciones de la SIDE. Uno de los artículos más polémicos permite al personal de inteligencia realizar aprehensiones en el marco de sus funciones, sin requerir mandato judicial previo.
Los abogados que impulsaron el hábeas corpus, incluyendo a figuras de la UCR, argumentan que esta habilitación representa un riesgo institucional. Sin embargo, el juez consideró estas alegaciones insuficientes para justificar la vía preventiva. Ellos ya anunciaron su intención de apelación, insistiendo en que el decreto supone una amenaza para derechos individuales.
El fallo ha nuevamente puesto a Alonso en el centro de la atención, dado que ha estado envuelto en controversias previas por decisiones que chocaron con la Corte Suprema de Justicia. Estos antecedentes llevaron a denuncias que, aunque fueron archivadas, continúan generando polémica.
Por ahora, el futuro del DNU está en manos de la Cámara Federal, en un clima donde se espera un debate legal intenso sobre el alcance de las facultades de la SIDE y el control judicial sobre los organismos de inteligencia en los próximos meses.