El gobierno de Javier Milei sigue adelante con la venta de AySA
El Gobierno argentino avanza en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). En estos días, están ultimatando los detalles del pliego que permitirá a empresas privadas competir por el paquete mayoritario de acciones de la compañía. Según fuentes del Ejecutivo, este pliego podría publicarse en el Boletín Oficial muy pronto, tal vez incluso en febrero, con la intención de que la convocatoria se concrete antes de que termine el primer trimestre de 2026.
Crear AySA fue una medida del Estado en 2006, tras cancelar la concesión de Aguas Argentinas. Esta empresa estatal se encarga de proporcionar agua potable y servicio de cloacas a más de 11 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y varios municipios del conurbano.
Marco legal y alcance del proceso de privatización de AySA
La privatización de AySA es parte de las decisiones que comenzaron a tomarse con la ley de Bases (Ley 27.742), aprobada en 2024. Esta norma identifica a AySA y a otras empresas públicas como sujetas a privatización. En este contexto, el Decreto 494/2025 habilitó la venta del 90% de las acciones que el Estado posee en AySA, mientras que el 10% restante queda bajo el Programa de Propiedad Participada para los trabajadores.
Cómo será la privatización de AySA
Este proceso se estructurará en dos etapas claras:
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Se lanzará una licitación para ofrecer al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico que asumirá la gestión operativa.
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Se colocará el remanente, hasta alcanzar el 90%, en los mercados de valores mediante un esquema de free float o venta pública.
Podrán participar no solo empresas del sector de agua y saneamiento, sino también otras firmas con experiencia en servicios públicos. Por ejemplo, se mencionó a SABESP, el ente de saneamiento de São Paulo, que tiene una base de clientes mucho mayor que AySA.
Cambios regulatorios y debate
Dentro del proceso preparatorio, el Gobierno lanzó el Decreto 805/2025, que actualiza el marco regulatorio de AySA. Este decreto incluye, entre otras cosas, la posibilidad de cortar el suministro por falta de pago, una medida que antes no estaba permitida. Además, hay un plan de transición entre 2024 y 2026 que prevé inversiones estatales por más de $753.900 millones para dejar la empresa en condiciones óptimas para la futura gestión privada.
El Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) son las autoridades responsables de garantizar que este proceso se ajuste a las leyes y condiciones de mercado.
Críticas y posicionamientos
El avance hacia la privatización de AySA ha generado intensos debates políticos y sociales. Hay preocupaciones sobre el rol del Estado en la provisión de servicios esenciales, sobre cómo estas privatizaciones impactarán en las tarifas para los usuarios, y sobre la transparencia de los procesos de licitación. Sectores de la oposición han cuestionado la velocidad y el alcance de estas privatizaciones que se están llevando adelante bajo la Ley de Bases.