Marcelo Moretti procesado por administración fraudulenta en San Lorenzo
La jueza Laura Bruniard decidió procesar a Marcelo Moretti, el presidente de San Lorenzo, por administración fraudulenta. Esto surge de una investigación que lo señala por presuntamente haber cobrado una coima de 25 mil dólares relacionada al fichaje de un jugador juvenil del club. Además, le impusieron un embargo de 38 millones de pesos y una prohibición de salir del país.
La resolución de la jueza llegó tras un pedido de la fiscal Mónica Cuñarro y en un contexto de gran crisis institucional en San Lorenzo. El club de Boedo enfrenta una falta de dirección después de que 14 miembros de la Comisión Directiva renunciaran. Aunque Moretti no fue detenido, la situación es seria.
Detalles de la acusación
Según la fiscalía, Moretti incumplió los deberes de su cargo, al no proteger adecuadamente los intereses patrimoniales del club. En cambio, se habría beneficiado personalmente a expensas de la institución. Se argumenta que se aprovechó de su posición para recibir el dinero de manera ilícita, lo que califica como una apropriación indebida de recursos.
Conflictos judiciales
El caso ha estado marcado por diferencias en las investigaciones. La indagatoria de Moretti fue particularmente controvertida, con muchas postergaciones. El 25 de noviembre, durante una audiencia virtual, se negó a responder preguntas en un intento de la Justicia de interrogarlo por quinta vez.
Además, la situación se complicó por la aparición de una cámara oculta en un programa de televisión, lo que llevó a un fiscal a iniciar una investigación paralela. Mientras tanto, el caso en manos de Cuñarro y Bruniard surgió a raíz de una denuncia de un dirigente opositor, el abogado César Francis.
En este expediente se incluyó un informe de la AFA, que confirmó que el jugador en cuestión fue efectivamente fichado por San Lorenzo. La madre del futbolista también declaró que todo había sido una broma, intentando desvincular a Moretti de la situación.
Situación actual
La defensa de Moretti, liderada por el penalista Gastón Marano, ha luchado para que el caso se investigue en el fuero porteño. Sin embargo, una decisión judicial en septiembre mantuvo el expediente bajo el juzgado de Bruniard. Tras el procesamiento, Marano criticó la decisión, sugiriendo que estaba influenciada por la situación política del club. Según él, la cuestión de competencia aún no está resuelta, insinuando que las acciones judiciales podrían tener motivaciones externas.