El dictamen anula leyes de financiamiento universitario y discapacidad
El Gobierno logró un avance importante ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, donde se firmó el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026. Como parte de este proyecto, se incluye la derogación de leyes clave muy debatidas en el último tiempo. Estas son las que aseguran el financiamiento para las universidades nacionales, la Ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Hospital Garrahan. Para el miércoles 17 de diciembre ya está convocada una sesión en Diputados para discutir este asunto.
Este proyecto tuvo un respaldo de 28 firmas, aunque también se registraron 6 en disidencia, provenientes de fuerzas como el PRO, la UCR y otros. Desde la oposición, algunos diputados aseguraron que esta propuesta plantea un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual prevista del 10,1%, buscando un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Un panorama ambicioso, sin duda.
Las leyes que se pretenden derogar han recorrido un camino largo este año. Ambas fueron aprobadas por el Congreso con más de dos tercios de los votos, pero sufrieron un veto del presidente Javier Milei. Además, la Justicia Federal había declarado inválido un decreto que suspendía la ley de Emergencia en Discapacidad. Esta situación generó un amparo colectivo, dando lugar a más discusiones sobre la necesidad de recursos y cumplimiento de estas normativas.
¿Qué son las leyes que se quieren derogar?
El proyecto actual plantea la eliminación de las leyes de financiamiento para las universidades nacionales, la Ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos del Garrahan. La ley de financiamiento universitario tenía como meta mejorar los salarios docentes y no docentes acorde a la inflación, además de actualizar los gastos de funcionamiento y crear fondos especiales para infraestructura y becas.
En cuanto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, su enfoque estaba en garantizar derechos fundamentales como la salud y educación de las personas con discapacidad. Esto implica que el estado argentino debe cumplir con estándares que protegen a grupos vulnerables, crucial en un país con tantas necesidades.
Ayer, Germán Martínez, del bloque de Fuerza Patria, expresó que su espacio no apoyará ni el presupuesto ni la ley de Inocencia Fiscal, argumentando que el Gobierno es responsable de la falta de presupuesto en 2024 y 2025. También cuestionó la derogación del 6% de financiamiento educativo y la eliminación de partidas para educación técnica.
Por su parte, Nicolás Massot del interbloque Unidos criticó las prioridades del proyecto, señalando que hay recursos para bajar impuestos a operaciones inmobiliarias, pero no para el Garrahan ni para las universidades. Mientras tanto, Gabriel Bornoroni, que lidera el bloque de La Libertad Avanza, defiende que su propuesta busca dar claridad a los argentinos y a los inversores sobre la seriedad de la Argentina de Milei.