Inicia el segundo tiempo de Javier Milei
Javier Milei, en medio de la calma del verano, movió el avispero al presentar su reforma laboral, un proyecto clave que busca aprobar durante las sesiones extraordinarias. Con el optimismo político en aumento, el Presidente se enfrenta a la etapa de reformas en un Congreso renovado y planea avanzar en una segunda fase de desregulación: las privatizaciones.
Demoraron casi 48 horas en cerrar el texto final de la reforma, luego del acto simbólico del Consejo de Mayo, que no tuvo injerencia en la redacción del proyecto. En el Gobierno, se debatían dos posturas: por un lado, atacar las cajas sindicales; por otro, preservarlas para evitar conflictos con la CGT. Finalmente, se alcanzó un acuerdo moderado, con Santiago Caputo actuando como mediador. Destacó la necesidad de contar con el apoyo sindical para facilitar el trámite legislativo.
Se descartó un cambio sobre la cuota solidaria, un punto que generó fuertes objeciones de la CGT. Sin embargo, la reforma incluye aspectos controvertidos: cualquier descuento sindical deberá contar con la aprobación explícita del trabajador y autorización de la Secretaría de Trabajo. También hay limitaciones sobre la ultraactividad (la vigencia de convenios vencidos) y la posibilidad de que convenios de menor jerarquía prevalezcan sobre convenios superiores.
Estos temas son delicados para la CGT, que marchará este jueves mientras sus equipos jurídicos se preparan para, si fuera necesario, llevar la defensa al ámbito judicial, tal como ya ocurrió con artículos laborales del Decreto 70/23, que luego fueron suspendidos por la Justicia. En Casa Rosada, aseguran que es fundamental hacer algo con los menores de 35 años, más de la mitad de la masa laboral, que aún no están formalizados. También se busca encontrar soluciones para las pymes, que enfrentan complicaciones para contratar y despedir.
El Senado, la pequeña esperanza de la CGT
Con el Gobierno esperando que la ley sea votada en esta tramo final del 2025, los gremios apuntan a conseguir apoyo en el Senado para bloquear ciertos cambios. En esa Cámara, el peronismo aún tiene el control, además de que los gobernadores juegan un papel importante, ya que se supone que representan las voces de las provincias.
Los gobernadores, que han vuelto a sentarse en la mesa, sienten nuevamente la presión. El Gobierno aspira a cumplir con la promesa de bajar impuestos, lo que incomoda a muchos mandatarios. Estas preocupaciones se han traducido en llamadas y encuentros reservados en hoteles del centro, donde analizan la situación.
En el plano jurídico, hay quienes consideran denunciar la inconstitucionalidad de la nueva norma fiscal, ya que según la Constitución, los cambios en impuestos deben iniciarse en Diputados y no en el Senado. Aunque parece existir consenso en que este artículo no se aplica a reducciones o eliminaciones de tributos.
En el Senado, se podrían dar cambios de último minuto en la conformación de los bloques, especialmente entre los grupos de gobernadores. Hay buena voluntad para tratar los proyectos, aunque las expectativas de los tiempos son distintas a las del oficialismo. Los senadores están conscientes de que la sociedad está demandando la reforma y, aunque estén dispuestos a buscar algunos ajustes, ir en contra total de la misma sería complicado.
Privatizar, es la cuestión
Mientras tanto, el Gobierno busca aprovechar el momento político para impulsar la ola privatizadora, que había perdido fuerza tras la aprobación de la ley Bases. Sin embargo, sigue siendo un objetivo de Milei para reducir el tamaño del Estado.
En ese sentido, avanza la licitación de la Hidrovía, tras el fracaso de un intento anterior. Las novedades para esta licitación se esperan esta semana, y el plazo para observaciones cerrará pronto. El objetivo es llamar a una Licitación Pública Nacional e Internacional antes de fin de año, con la apertura de ofertas programada entre febrero y marzo.
La Hidrovía es crucial, ya que cerca del 80% del comercio exterior del país transita por ahí, especialmente productos agrícolas. Actualmente, está bajo control estatal, pero el Gobierno busca privatizar la operación, asegurando la transparencia con el apoyo técnico de organismos internacionales.
Al mismo tiempo, Milei observa el lobby cruzado de figuras como Mauricio Macri, quien promueve a una empresa holandesa de dragado, Boskalis, para operar en la zona. Las condiciones de la licitación son estrictas, lo que podría afectar las posibilidades de esta firma.
La licitación abrirá la puerta también a empresas nacionales, con una concesión planificada por 25 años, un tiempo considerado adecuado para amortizar la inversión. Mejorando la infraestructura, se espera que el costo logístico disminuya, permitiendo que los barcos salgan completamente cargados.
Durante el último mes, el Gobierno dio a conocer las empresas que pujarán por manejar importantes represas en la región de Comahue, representando alrededor del 15% de la producción eléctrica del país. Además, Milei proyecta avanzar en la privatización de la empresa de aguas y saneamientos, AYSA.
El escenario político es dinámico, el segundo tiempo de Milei llega con desafíos reformistas, en un clima de expectativas que, si bien es positivo, no necesariamente durará para siempre.