La armonización de tributos y equilibrio presupuestario necesario
El pueblo ha delegado en sus representantes el ejercicio de las facultades estatales, incluyendo la tributaria, y esto está señalado en los artículos 4 y 52 de nuestra Constitución. Estas cláusulas nos recuerdan el poder que tenemos como ciudadanos, aunque muchas veces esa voz no es escuchada.
Desde la reforma de 1994, se han añadido tratados internacionales que traen nuevas perspectivas. Por ejemplo, se señala que tenemos el deber de cumplir con la ley y, también, de contribuir al servicio. Sin embargo, el Estado no puede limitar o eliminar nuestros derechos. A raíz de esto, es importante reflexionar sobre cómo ajustamos nuestro sistema tributario nacional, que muchas veces parece desconectado de la realidad de nuestra gente.
La situación actual y la reforma
Hoy en día, nuestras normas tributarias son un verdadero mar de confusiones. Se han diseñado para recaudar impuestos, pero olvidan que además de ser una fuente de recursos, los impuestos deberían ser herramientas económicas que ayuden a la sociedad.
Esta desconexión ha generado serias distorsiones en nuestra economía. No es raro escuchar sobre inconstitucionalidades en el ámbito tributario. Además, el sistema es bastante injusto en la distribución de la carga, lo que hace que esos principios de justicia distributiva brillen por su ausencia.
Si hablamos de justicia distributiva, hay que tener en cuenta dos cosas: cómo se distribuye la carga tributaria y cómo se asigna el gasto público. Los impuestos, tanto nacionales como provinciales, no deberían exigir más de lo que las personas pueden razonablemente aportar. Y, por otro lado, los gastos deben estar bien orientados, ayudando a quienes más lo necesitan en lugar de gastarse de forma descontrolada.
En Argentina, tenemos el flagelo de la evasión fiscal, que según algunos estudios, supera el 50%. Esto muestra que no basta con cambiar las leyes tributarias; el problema es más profundo. Es una cuestión estructural que abarca la economía, la política y las instituciones. Preguntémonos: ¿cuántas veces no se ha aprobado un presupuesto, optando por renovar el anterior? Esto ha sucedido una y otra vez desde que recuperamos la democracia en 1983.
Y ya que estamos, no podemos dejar de lado cómo la evolución económica y social nos lleva a cambios constantes. Los marcos legales, debido a su rigidez, muchas veces no pueden dar respuesta a estas dinámicas.
Presupuesto, gastos, recursos y alícuotas
Es esencial analizar la relación entre los tributos y los gastos. El Estado necesita recaudar, pero también es fundamental atender las necesidades de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Necesitamos que la relación entre recursos y gastos esté bien equilibrada. Esto significa no solo considerar las cargas que deben soportar las personas, sino también asegurarnos de que esos gastos estén orientados de manera eficiente y justificada, respondiendo a la vulnerabilidad humana.
La economía, por su naturaleza, es dinámica. Por eso, tanto los ingresos como los gastos requieren que el Estado tenga una política que busque el equilibrio. La vinculación entre las leyes tributarias y la ley de presupuesto es clave para este objetivo.
Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta vinculación? Primero, porque el presupuesto se diseña anualmente, según lo que dice nuestra Constitución. La importancia de recordar esto radica en que, a lo largo de nuestra historia, no siempre se ha respetado la aprobación y rendición de cuentas anuales. Esta falta de atención a lo constitucional ha contribuido a la situación actual del país.
Por otro lado, los gastos nunca deben superar los ingresos. Ya sabemos que los recursos provienen de los impuestos, y un aspecto fundamental de esto son las alícuotas, que podrían ser definidas a través de la ley de presupuesto. Así, el Congreso podría evaluar tanto la carga tributaria como el gasto, adaptándose a la dinámica cambiante de la economía.
La seguridad jurídica es vital para que los actores económicos no sufran cambios constantes en el tratamiento de sus inversiones. Es importante que las variaciones en las alícuotas se manejen de forma prudente, para que haya estabilidad en la carga tributaria y se pueda garantizar un orden financiero y económico más sólido.
Por último, se puede considerar la posibilidad de incluir en la ley de presupuesto un capítulo sobre las alícuotas tributarias. Argentina tiene antecedentes de leyes que han sido modificadas por la Ley de Presupuesto. Este tipo de cambio podría ayudar a construir un sistema tributario más racional y operativo, dejando atrás la actual estructura normativa que tan mal nos afecta.