La reforma laboral redirige $3.000 millones de ANSES a despidos
La reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei incluye un cambio significativo en la forma en que se financiarán las indemnizaciones por despidos. Está previsto que una enorme suma de dinero salga del sistema jubilatorio y se dirija a los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL). Esta transferencia podría rondar los 3.000 millones de dólares, según varios cálculos. Pero, entonces, ¿quién se hará cargo de las indemnizaciones?
Los FAL son la solución que plantea el gobierno para que las empresas puedan cubrir las indemnizaciones por despido sin causa. Funcionan como una especie de retorno de los Fondos de Cese Laboral, los cuales no tuvieron éxito entre los diferentes sectores. La diferencia clave es que, a diferencia de los anteriores, los FAL serán obligatorios, con excepción de dos sectores específicos. Además, se financiarán con aportes que los empleadores ya destinan al sistema de seguridad social.
Si la reforma se aprueba, las empresas deberán aportar un 3% de la masa salarial bruta de sus empleados a los FAL cada mes. Este dinero irá a cubrir indemnizaciones, pero también será invertido en instrumentos financieros permitidos por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Ahora bien, el propio proyecto menciona que este aporte será gratuito para las empresas. Esto se debe a que el 3% a destinar a los FAL se descontará de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Así que, en esencia, es como hacer un traspaso de recursos del SIPA al FAL.
Gustavo Ciampa, un abogado laboralista, compara a los FAL con las AFJP de tiempos pasados, argumentando que entidades privadas manejarán fondos públicos y se beneficiarán. El gobierno considera que estos fondos ayudarán a profundizar el mercado de capitales.
Reforma laboral: ¿qué dice el proyecto que envió Javier Milei?
El proyecto que ha llegado al Congreso establece que “las cuentas de los Fondos de Asistencia Laboral se conformen con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones”. En un artículo específico, reafirma esta obligación para todas las empresas.
El gobierno justifica la reforma como una forma de dinamizar el mercado laboral. Sin embargo, expertos indican que cambiar la legislación laboral no necesariamente genera empleo, ya que este depende del crecimiento en sectores productivos clave. Juan Manuel Graña, un economista de la UBA, señala que esta medida parece apuntar a reducir derechos laborales y dar más libertad a las empresas, además de poner en riesgo el sistema de seguridad social.
Graña menciona que las grandes empresas son las más beneficiadas, ya que tienen más empleados registrados que las pymes. Esto, además, implicaría una carga fiscal pesada para el sistema jubilatorio. Para Ciampa, la reforma busca desviar la atención de un problema mayor al mover recursos de la seguridad social a estos fondos.
Fondo de Asistencia Laboral: ¿de cuánto es la transferencia de recursos?
Graña estima que la transferencia de recursos del sistema jubilatorio a las empresas podría variar entre 2.600 millones y 4.700 millones de dólares. Luis Campos, investigador de la CTA – Autónoma, habla de un rango entre 2.000 millones y 2.500 millones de dólares al año que los trabajadores transferirían a los empleadores.
No termina ahí. La reforma también propone una reducción en el aporte patronal a las obras sociales, bajando del 6% al 5%. Esto representa una notable disminución que beneficia a las empresas a expensas de los trabajadores.
Luciano Patrucco, analista de EcoGo, ha indicado que esta reducción de aportes busca motivar la contratación formal. Si la reforma logra crear empleo, la base de aportantes podría aumentar, lo que ayudaría a compensar la caída en la recaudación.
Sin embargo, Graña señala que este tipo de medidas podrían aplicarse solo a las micropymes, ya que el costo sería demasiado alto para el sistema jubilatorio en general. Si la propuesta fuera diferente y especialmente pensada para micropymes, debería crearse un régimen progresivo que se ajuste a medida que las empresas crecen.
El camino del gobierno parece claro, y se anticipa que, en el futuro, se hablará de una reforma previsional, alegando que el sistema está desfinanciado y que será necesario regresar a un modelo similar al de las AFJP de los 90.