Responsabilidad en la protección de infraestructura crítica
En el ámbito de la seguridad nacional, 2024 marcará un cambio importante. La ministra ha anunciado la creación de una unidad de Seguridad Productiva, especializada en prevenir y atender amenazas contra la producción. Según Monteoliva, se ha avanzado en el análisis de datos mediante Inteligencia y acciones judiciales para enfrentar estos riesgos.
Sin embargo, dejó claro que la cooperación del sector privado es esencial. No se puede abordar esta problemática solo desde el Estado. “La articulación público-privada es clave”, enfatizó, señalando que también hay que trabajar junto a las provincias y usar tecnologías más avanzadas para enfrentarse al crimen organizado, que no solo afecta a mercaderías, sino también a personas.
Por ejemplo, mencionó el trabajo que se está realizando en la Hidrovía, un lugar crítico donde crece el crimen organizado. “El Plan Paraná implementa una estrategia que abarca agua, tierra y aire”, dijo. Este enfoque busca combatir el mercado ilegal y proteger sectores vitales para el desarrollo del país.
En una charla con un medio local, la ministra puntualizó que este nuevo plan requerirá inversiones a gran escala. En este sentido, están explorando créditos con el BID, aunque consideran que por ahora es un tema prematuro. También se abordó la organización interna del programa y el traslado de efectivos a zonas específicas.
La responsabilidad de brindar protección a la infraestructura crítica es fundamental. En términos económicos, el comercio ilegal mueve cifras astronómicas a nivel global. Por ejemplo, la minería ilegal ya representa más de 48 mil millones de dólares. Frente al crecimiento del mercado legal, también surge un incremento en las actividades ilícitas. Por eso, la prioridad del organismo es prevenir que estas actividades surjan al mismo tiempo que se desarrollan áreas esenciales.
El caso de México
Por otro lado, Anaya, exdirectivo de Pemex, compartió su experiencia en México. Resaltó la importancia de la iniciativa del ministerio argentino y explicó cómo han lidiado con el robo de combustible en su país, un mercado ilegal que mueve miles de millones de dólares.
“Me da envidia de la buena estar aquí porque Argentina muestra una visión anticipada de lo que podría pasar. En muchos otros países, reaccionamos tarde”, comentó Anaya. Durante su tiempo en Pemex, fue a Colombia para aprender sobre las estrategias que implementaron allí. “El enfoque público-privado es crucial. Sin eso, no se puede avanzar”, advirtió.
En México, el mercado de combustibles asciende a 90 mil millones de dólares, y el robo ha incrementado de manera alarmante. En 2005, se reportaban entre 800 mil y un millón de barriles robados, cifra que escaló a más de 20 millones en 2018. Esto se convirtió en un verdadero problema de seguridad.
Anaya explicaba que el robo organizado implica la perforación de ductos y un mecanismo de operación que involucra grupos armados. Además, existe un fenómeno social que consiste en avisar a la población para que acceda al derrame, con el riesgo de tragedias, como la de Tlahuelipan, donde muchas personas perdieron la vida.
Ante esto, México implementó estrategias que requerían involucrar distintas áreas del Estado en colaboración con el sector privado. La meta era hacer que el combustible robado fuese difícil y costoso de adquirir, y para ello se trazó un análisis exhaustivo de las rutas del dinero y las áreas más afectadas.
Se cerraron estaciones de servicio y cuentas bancarias donde se realizaban actividades ilegales. Anaya recalcó que se necesita un esfuerzo conjunto, que implica invertir recursos y modificar normativas fiscales. En México, más del 90% del consumo se paga en efectivo, lo que dificulta los controles.
A medida que concluyó sus reflexiones, el consultor destacó la sabiduría del Ministerio de Seguridad argentino en prever estos desafíos y adoptar una postura proactiva. Con las medidas adecuadas, Argentina tiene tiempo para prevenir que este tipo de problemas se agraven en el futuro.