Industria se une para defender herramienta clave del Gobierno
Los cambios recientes en la normativa vitivinícola han causado bastante revuelo en el sector productivo argentino. Muchos actores de la cadena de producción consideran que estas modificaciones ponen en riesgo la actividad, ya que disminuyen las protecciones históricas que garantizan la trazabilidad y la protección de los pequeños productores.
La resolución 37/2025, que ya se publicó en el Boletín Oficial, comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026. Con esta fecha tan cercana, la presión aumentó y las reacciones no se hicieron esperar. Las entidades afectadas han comenzado a movilizarse, buscando alternativas para defender sus intereses.
En este contexto, el sector privado ha hecho un gran esfuerzo por unificarse alrededor de una estrategia de defensa. La idea es llevar la cuestión a los tribunales solo si no logran una solución a través de la negociación con el Ministerio de Desregulación, que lidera Federico Sturzenegger. Lo que buscan es posponer la implementación de las desregulaciones para poder seguir dialogando.
Diversos grupos de productores están trabajando en la redacción de un recurso de amparo que se presentará ante los tribunales de Mendoza. Están pidiendo medidas cautelares para frenar la aplicación de aspectos de la resolución que más les preocupa: el Certificado de Ingreso de la Uva (CIU). Este certificado es clave porque garantiza la procedencia de la uva y otros datos cruciales.
Los fundamentos legales que se esgrimen combinan puntos del derecho administrativo que critican la forma en que se derogaron normas sin una evaluación adecuada, junto con argumentos sobre la protección de denominaciones de origen y derechos de los productores, especialmente frente a prácticas comerciales desleales.
La industria del vino se dio a la tarea de defender el CIU
El CIU ha sido el principal motivo de controversia. Este documento, que era obligatorio, servía como la “cédula de identidad” de cada partida de uva que llegaba a las bodegas. La nueva normativa propone que su uso sea voluntario, lo que genera preocupación en todo el sector.
El CIU proporciona información vital: quién es el dueño del viñedo, la parcela de origen, la fecha y el volumen de ingreso, entre otros detalles. Esta información no solo es crucial para asegurar la trazabilidad del producto, sino que también tiene un papel importante en resolver disputas entre bodegas y productores.
Con la nueva norma, el uso del CIU sería opcional. Esto significa que la validación de ingresos y propietarios podría quedar en manos de mecanismos privados o declaraciones juradas, lo que preocupa a muchos, ya que podría debilitar la protección que brinda el CIU a los pequeños productores.
El tema del CIU es tan estratégico que incluso ha logrado unir a sectores que previamente no coincidían en sus posturas sobre la desregulación. Entre ellos, Bodegas de Argentina, que agrupa a 250 bodegas, ha emitido un comunicado apoyando algunas iniciativas del gobierno, pero también respalda las acciones judiciales para frenar los cambios, subrayando la importancia de la continuidad del CIU.
Preocupación por la flexibilización de controles
A pesar de lo anterior, hay más puntos que generan inquietud en el sector. Los viñateros y enólogos han señalado que hacer opcionales ciertas certificaciones, como las de origen y o de añada, pone en riesgo la reputación de algunas regiones y protege menos las denominaciones de origen.
Además, la falta de controles en etapas clave puede abrir la puerta a prácticas que perjudican la calidad y la credibilidad de los productos, tanto en el mercado local como internacional, donde hay requisitos más estrictos.
También hay inquietudes sobre la externalización de controles a actores privados. ¿Quién se encargará de auditar a quienes auditan y con qué estándares? Estas preguntas surgen especialmente entre los pequeños productores que ven en la intervención estatal una herramienta necesaria para equilibrar fuerzas contra grandes bodegas.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), dirigido por Carlos Tizio, argumenta que la reforma busca optimizar recursos y asegurar que los productos que llegan al consumidor final sean seguros y no adulterados. La idea es eliminar trámites que ya no se consideran útiles, enfocándose en una fiscalización más eficiente.
Mientras tanto, cámaras y asociaciones de pequeños productores han planteado fuertes objeciones a la normativa y han solicitado revisiones al gobierno. Esta discusión se está dando en dos frentes. Por un lado, políticos y representantes del sector se han reunido con Sturzenegger para pedir cambios antes de que la normativa entre en vigor.
Los reclamos se centran en aspectos específicos como la obligatoriedad del CIU y su reemplazo por mecanismos privados, la eliminación de declaraciones juradas y la reducción de sanciones administrativas que, según algunos, limitan los incentivos a cumplir con las normativas.