Exfuncionarios no responden a preguntas de investigadores
Los exfuncionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, fueron interrogados el viernes en el marco de una causa que investiga el fiscal Franco Picardi, bajo la supervisión del juez Sebastián Casanello. Ambos decidieron no declarar, utilizando así su derecho a guardar silencio.
González, quien negó las acusaciones, prefirió no contestar preguntas. Di Giorno, por su parte, se rehusó a declarar completamente. Ambos están acusados de formar parte de un esquema delictivo que operaba dentro de la ANDIS, lo que planteó serias preocupaciones sobre la corrupción.
En particular, se alega que jugaron un papel fundamental en la manipulación de fondos públicos destinados a personas con discapacidad, favoreciendo a empresas privadas en el proceso.
El rol de los acusados en la organización investigada
González, conocido como “Pino”, habría usado su posición como Director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de ANDIS para beneficiar a compañías relacionadas con otro imputado, Miguel Ángel Calvete, a cambio de sumas de dinero en dólares.
Se alega que él manipulaba el sistema de compras de la ANDIS incluso antes de asumir oficialmente su cargo. Entre las pruebas se encuentran chats entre Calvete y González, donde este último hacía referencia a “ir a buscar la mía”.
Por su parte, Lorena Di Giorno también estaba en la ANDIS y se dice que actuaba bajo la dirección de Calvete. Su implicación incluye el manejo de dinero y la facilitación de operaciones ilegales. También se sospecha que recibió pagos no autorizados y facturó grandes sumas a las empresas de Calvete, como INDECOMM S.R.L. y Profarma S.A.. Además, se le acusa de proporcionar información sensible y de facilitar el acceso a los sistemas de compras para estas empresas.
Un mensaje que llamó la atención de la justicia muestra a Calvete diciendo a Di Giorno que se pase por un domicilio para recibir lo que le corresponde y discutir cotizaciones. Las acusaciones contra ambos incluyen incumplimiento de deberes, administración fraudulenta y participación en una organización delictiva.
El silencio como estrategia
Hasta el momento, ninguno de los acusados ha decidido responder preguntas en una causa que se inició tras la divulgación de audios vinculados a Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo. Este último, al igual que los demás imputados, optó por el silencio.
En esos audios se mencionaba la posible llegada de “retornos” a la secretaria de la presidencia, Karina Milei. Aunque estos audios no constituyen pruebas directas, fueron el catalizador de diversas acciones legales que desembocaron en allanamientos y la recolección de documentos.
Spagnuolo, así como los imputados Pablo Atchabahian y Daniel Garbellini, también han optado por no declarar. Calvete, que ya está condenado en otra causa relacionada con la facilitación económica de la prostitución, siguió el mismo camino en la causa ANDIS.
Atchabahian y Calvete son considerados por la fiscalía como intermediarios entre la agencia y diversas empresas farmacéuticas, lo que añade otra capa a esta compleja trama de corrupción.