cambios en ingresos brutos, inmobiliario y condonaciones aprobadas

En la última reunión legislativa antes del cambio de autoridades, el PRO y aliados como La Libertad Avanza, UCR, Coalición Cívica y Volvamos Buenos Aires aprobaron varios proyectos sobre presupuesto e impuestos. Uno de los puntos más destacados es una modificación en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos.

Bajo la propuesta del ministerio de Hacienda, liderado por Gustavo Arengo, se implementará una exención total del pago para trabajadores no profesionales de las tres primeras categorías (A, B y C). Según los cálculos, esto beneficiará a 118.332 contribuyentes.

Además, y en respuesta a solicitudes de La Libertad Avanza y el peronismo, la bonificación del 75% que el PRO planeaba para las siguientes cuatro categorías se extenderá a las cinco subsiguientes, alcanzando a otros 28.868 contribuyentes. Así, la modificación de Ingresos Brutos afectará a trabajadores no profesionales inscriptos en el Régimen Simplificado, que suma aproximadamente 147.200 contribuyentes. Entre los servicios incluidos destacan plomería, electricidad, peluquería, y administración de consorcios, entre otros.

Cambios en el Impuesto a los Sellos

Con la intención de facilitar el acceso a la vivienda, se mantendrá la exención del 100% del Impuesto a los Sellos para la compra de viviendas únicas y de ocupación permanente con un valor inferior a $226.100.000. Además, a pedido de LLA, se rebajará la alícuota del 3,5% a 2,7% para la compra de segundas viviendas dentro de ese rango de precio. También se eliminará el Impuesto de Sellos para créditos hipotecarios destinados a la vivienda única, bajando del 1% al 0%.

Impuesto Inmobiliario y ABL

Se aprobaron cambios en el cálculo del Impuesto Inmobiliario, que a partir de enero se actualizará solo por la inflación. Desde el GCBA comentaron que la primera cuota de enero de 2026 tomará como base el aumento del costo de vida registrado en agosto de 2025. Luego, se ajustará mensualmente.

Respecto a la tasa de ABL, se eliminará el coeficiente por zona geográfica utilizado este año, que buscaba reducir las diferencias entre barrios con distintas valuaciones. A partir de enero, se actualizará por inflación para inmuebles con una valuación fiscal de hasta $32 millones, lo que afecta a 1.044.667 partidas, o sea, el 63% del total. Para aquellos que superen ese monto, la tasa se ajustará con un 1% adicional mensual, con alrededor de 618.133 partidas en esta categoría.

Exención de ABL para jubilados, pensionados y personas con discapacidad

En 2026, se mantendrá el 100% de la exención del ABL para 85.426 jubilados y pensionados. Los requisitos incluyen que su propiedad no supere los $48,5 millones de Valuación Fiscal Homogénea y que sea su vivienda única y permanente. Si el beneficiario es una persona con discapacidad, solo deberá cumplir con dos de los requisitos.

También seguirán vigentes descuentos del 10% por pago anticipado y otro 10% por buen cumplimiento en 2025, aplicables a cada una de las cuotas mensuales de 2026. Estos beneficios son para contribuyentes que no tengan deudas vencidas. Además, seguirá la bonificación del 10% por débito automático para quienes se inscriban antes del 30 de junio de 2026.

Exención de Impuesto Inmobiliario y ABL para Turismo

Durante el primer semestre de 2026, la industria del turismo quedará exenta del Impuesto Inmobiliario y la Tasa Retributiva de Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza. Esta medida, impulsada por el legislador Matías Lammens, busca aliviar al sector turístico, cuyo repunte podría beneficiar a múltiples áreas de la economía.

Esto incluye servicios de restaurantes, bares y alojamientos, entre otros, con el objetivo de fomentar su recuperación.

Condonación de deudas

Un proyecto aprobado condona la deuda de ABL e impuestos inmobiliarios para propietarios de viviendas nuevas en el barrio Rodrigo Bueno. También se acordó condonar deudas de entidades deportivas sin fines de lucro registradas en el RUID, así como otras condonaciones de gravámenes inmobiliarios, patentes y sobre ingresos brutos para instituciones que brindan servicios de rehabilitación y apoyo según la ley nacional de discapacidad.

Esto busca fomentar una mayor equidad y apoyo a sectores vulnerables y en proceso de desarrollo.

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