Luis Caputo impulsa crédito de 5.000 millones y abogados analizan garantías
El Gobierno argentino continúa con sus gestiones para concretar un crédito privado de hasta 5.000 millones de dólares mediante una operación de repo. Este movimiento surge como una opción más realista, dadas las dificultades que han surgido con un préstamo anterior de 20.000 millones de dólares que quería conseguir con bancos de Wall Street, un plan que se complicó la semana pasada por desacuerdos sobre las garantías necesarias.
Según fuentes involucradas en las negociaciones, ahora el objetivo es afinar los detalles de este nuevo esquema a corto plazo. La idea es crear un sistema de garantías o colaterales que ayude a reducir riesgos sin poner en jaque la liquidez del Tesoro estadounidense.
Este giro en la estrategia no es casual y viene tras las publicaciones que anticiparon el retroceso de los bancos estadounidenses. Entidades como JP Morgan, Citigroup y Goldman Sachs habían puesto un límite rápido para definir su participación, con la condición de recibir un respaldo claro del Departamento del Tesoro de EE.UU. La negativa desde Washington a asumir ciertas garantías, debido a la necesidad de acuerdo del Congreso y las fricciones con el FMI, generó un estancamiento. Esto hizo que la posibilidad de un préstamo de 20.000 millones se redujera a una opción mucho más cautelosa.
Para muchos, esta situación no solo refleja la aversión al riesgo de prestamistas, sino que también está ligada a las presiones políticas en EE.UU., donde algunos críticos cuestionan si estos acuerdos son subsidios encubiertos para Wall Street.
Se retira la Fed de las garantías para la Argentina
En paralelo, se reconoce la falta de directrices claras sobre los colaterales aceptables por parte de los bancos. Esto ha llevado a una pausa en el proyecto y a la aparición de la opción de repo. Esta operación permitiría al Gobierno obtener dólares rápidamente a cambio de activos como garantía, planeando repagar mediante emisiones en mercados internacionales en el corto plazo.
Este cambio no es algo improvisado; es una respuesta estratégica a la urgencia de fortalecer las reservas netas, que actualmente son negativas y están en niveles críticos. Además, busca estabilizar el mercado de cambios ante los pagos inminentes.
Lo nuevo de esta fase es que se abandonan las especulaciones sobre el uso de activos de la Reserva Federal de EE.UU. como colateral. Fuentes internas indican que la Fed se ha retirado de este esquema definitivamente, tras intensos debates entre diferentes grupos dentro del organismo sobre el riesgo de exposición a activos públicos de países emergentes. Esto deja a los negociadores en la necesidad de rediseñar las garantías, priorizando mecanismos que no requieran nuevos desembolsos fiscales de EE.UU.
Las firmas de abogados a la cabeza en la búsqueda de soluciones
En este contexto, las firmas legales de alto nivel juegan un rol crucial. Especialistas de Allen & Overy Shearman, que recientemente se fusionaron en una gran potencia legal, están liderando la creación de la “ingeniería de garantías”, en coordinación con otros bufetes destacados. Su tarea es crear un marco contractual que incluya colaterales alternativos para cubrir hasta el 50% del monto en caso de incumplimiento, alineándose con las exigencias de los bancos sin violar regulaciones de la Fed o del FMI.
Este esfuerzo técnico representa un avance en la sofisticación de las operaciones financieras argentinas. Además, el swap de divisas con el Tesoro estadounidense se contempla con un uso estrictamente comercial, desvinculado de cualquier tipo de rescate multilateral.
De hecho, se ha oficializado que el Exchange Stabilization Fund (ESF) vendió Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Argentina, ayudando a cubrir el último vencimiento del FMI programado para noviembre. Esta transacción no solo alivia la presión inmediata, sino que también resalta la confianza discreta de Washington en la administración de Luis Caputo, sin embargos formales de crédito soberano.
A medida que se aproxima diciembre, el ministro de Economía se prepara para conversar con inversores, resaltando estas victorias tácticas y la solidez de su plan financiero. Sin embargo, la presión es fuerte: el Gobierno necesita definir en las próximas semanas la disponibilidad de al menos 4.300 millones de dólares para afrontar vencimientos en enero de 2026, que incluyen pagos de deuda externa y obligaciones con el FMI que superan los 4.500 millones en total.
Si no se logra esto, la prima de riesgo país, que ya está en niveles altos de 650 puntos, podría dispararse, encareciendo el acceso a los mercados y desestabilizando el tipo de cambio. Este plazo es crítico para el diseño macroeconómico actual, donde la acumulación de reservas netas es vital para mantener la desinflación y el superávit fiscal primario.
Retos en las garantías y la tasa de referencia
En el centro de la operación repo hay dos desafíos: las garantías y la tasa de referencia. Los dos repos previos del Banco Central —realizados en 2024 y principios de 2025— usaron Bonos del Tesoro en dólares como colateral, lo que permitió a los bancos reducir su exposición a través de activos soberanos.
Ahora, con un monto de 5.000 millones de dólares, el uso de este mecanismo se pone a prueba frente a la falta de divisas. Una alternativa en discusión es el uso de BoPreales ya existentes en la cartera del Banco Central, evitando así diluciones fiscales. Sin embargo, esto requeriría ajustes normativos para habilitar este uso sin comprometer la autonomía monetaria del Banco.
Fuentes de Hacienda indican que los grupos técnicos, con participación de asesores de Wall Street, están evaluando pros y contras de utilizar instrumentos existentes. Si bien esto podría reducir el costo fiscal, también expone al Central a riesgos de mercado si el repo se extiende más allá de lo previsto.
El éxito de esta estrategia también depende de alinearse con el FMI, que ha dejado claro que cualquier flujo privado no puede afectar la deuda total que asciende a 60.000 millones de dólares, incluida la Extended Fund Facility aprobada en abril de 2025. Esta complejidad hace que el Gobierno tenga que manejar la situación con cuidado, sabiendo que la credibilidad se construye con pequeños pasos. La resolución de las garantías pendientes podría permitir un anuncio formal antes de fin de mes.