Interponen amparo para declarar inconstitucional medida
El concejal de Exaltación de la Cruz, Fernando Martínez, ha presentado un nuevo amparo colectivo en el Juzgado Federal de Campana para intentar frenar la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). Este movimiento surge en el contexto de la reciente iniciativa del Gobierno para avanzar en la privatización de la empresa. Es importante señalar que se trata del segundo recurso judicial desde que se dieron a conocer los planes del Poder Ejecutivo. El amparo sostiene que el Decreto 695/2025 es inconstitucional y plantea preocupaciones sobre el impacto que esto tendría en la soberanía energética del país.
NA-SA gestiona las centrales nucleares Atucha I, Atucha II, y Embalse, y actualmente opera bajo control estatal. A pesar de los argumentos del Gobierno sobre la necesidad de vender empresas “deficitarias”, NA-SA presenta un panorama distinto: solo en el primer trimestre del año, obtuvo ganancias por 17 millones de dólares. Esto ha alimentado el cuestionamiento acerca de la viabilidad técnica del plan oficial.
En su presentación, Martínez remarcó: “Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema. La energía nuclear no puede quedar en manos de intereses privados.”
El nuevo recurso solicita una medida cautelar inmediata para detener cualquier proceso de licitación, oferta o transferencia de acciones. La idea es congelar la situación de la empresa hasta que los tribunales consideren el fondo del asunto.
El escrito también señala que una privatización parcial podría tener consecuencias negativas en el sistema energético, especialmente en lo que respecta a tarifas y financiamiento. Según lo presentado, “los usuarios pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre el servicio.”
Cabe recordar que el primer amparo en contra de la venta de NA-SA fue impulsado por la diputada de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, quien demandó la nulidad e inconstitucionalidad tanto del Decreto 695/2025 como de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía. Este expediente está actualmente en trámite en el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, bajo la supervisión del juez Hugo Vaca Narvaja.
En sus declaraciones, Martínez ha subrayado la importancia estratégica del activo que el Gobierno quiere ceder: “Es un bien público, construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino. No se puede vender lo que no se justifica. Mucho menos sin consulta pública ni control legislativo.”
Así es como el debate sobre el futuro de NA-SA se va intensificando en el ámbito judicial, donde dos tribunales deberán decidir si la privatización nuclear avanza o se detiene completamente.