Miguel Ángel Calvete, de condenado a operador de ANDIS
Miguel Ángel Calvete, entre el 26 de junio de 2015 y el 6 de diciembre de 2016, organizó un sistema para facilitar la prostitución de mujeres en la Ciudad de Buenos Aires. A estas mujeres les asignaban departamentos donde se les “permitía” vivir y, a cambio, debían ejercer la prostitución. Lo más preocupante es que la renta que debían pagar superaba los precios de mercado, y las condiciones eran realmente abusivas.
Por este delito, Calvete fue condenado a cuatro años de prisión efectiva, una sentencia emitida en junio de 2019, pero que recién se hizo efectiva el mes pasado. Esto ocurrió cuando fue arrestado como parte de una investigación por un escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En este momento, se encuentra detenido en los tribunales de Comodoro Py, a la espera de ser interrogado por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en el marco de la causa ANDIS.
Explotación económica del ejercicio de la prostitución
La condena a Calvete se dio junto a otros acusados, entre ellos Ramiro Martín Rius, ex empleado del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y hermano de Calvete, Alejandro. Todos fueron hallados culpables de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. En el juicio, también se ordenó el decomiso de dos inmuebles utilizados para esta actividad y se prohibió la salida del país de los condenados.
El tribunal demostró que entre junio de 2015 y diciembre de 2016, los imputados formaron una organización destinada a facilitar la prostitución de mujeres. A estas mujeres se les asignaban departamentos con alquileres desmesurados que a menudo escalaban hasta un 180% anual. Un ejemplo concreto de esto fue un contrato que incluía cláusulas donde las comisiones inmobiliarias eran del 10% mensual.
Además, algunos inmuebles estaban ligados a fideicomisos que beneficiaban a familiares de los acusados. Uno de estos estaba a nombre de una sociedad donde Calvete era representante legal.
Las escuchas
Las escuchas telefónicas, que fueron fundamentales en la causa, revelaron detalles preocupantes sobre el control que ejercían sobre las mujeres en situación de prostitución. Estas conversaciones mostraban cómo los acusados exigían pagos exorbitantes para el uso de sus propiedades, aprovechándose de la vulnerabilidad de las mujeres.
La fiscal María Luz Castany expuso claramente que la actividad delictiva de los acusados consistía en explotar la situación económica precaria de las mujeres, quienes eran forzadas a pagar alquileres significativamente más altos que los normales. Se mencionaron cifras específicas, como el cobro de hasta 3.000 pesos por semana, lo que demuestra el nivel de explotación al que estaban sometidas.
La causa comenzó tras una investigación preliminar realizada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y la División Trata de Prefectura Naval Argentina. Estas investigaciones pusieron de manifiesto la realidad dura y compleja que enfrentan muchas mujeres, creando conciencia sobre la necesidad de actuar ante tales injusticias en nuestra sociedad.