Gobierno aprueba nuevo marco regulatorio de AySA durante privatización
El Gobierno nacional aprobó recientemente el nuevo “Marco Regulatorio” de la Ley 26.221, que regula el servicio público de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en varios municipios aledaños. Este cambio, oficializado a través del Decreto 805/2025, fue firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, y ya se encuentra publicado en el Boletín Oficial.
Este nuevo texto elaborado por el Ministerio de Economía reemplaza al anterior, incorporando las modificaciones necesarias debido al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Entre las correcciones destacadas, se encuentra la mejora en la redacción del artículo 20, que ajusta la definición del “cargo por construcción” para evitar confusiones en el cálculo de los montos a facturar.
El Anexo I del decreto, también disponible en la edición digital del Boletín, comienza reconociendo que el acceso al agua es un derecho humano fundamental. En su preámbulo se destaca que el servicio debe ser prestado “de manera justa, eficiente y profesional”, enfatizando la responsabilidad de las autoridades de garantizar transparencia y control en beneficio de todos los usuarios.
Este marco regulatorio define claramente el ámbito de aplicación, que no solo abarca la Capital, sino también una serie de partidos del Gran Buenos Aires, como Avellaneda, San Martín, Morón y Tigre, entre otros. Además, se gestiona el servicio de recepción de efluentes desde Berazategui.
Entre los principios que rigen este nuevo marco, se incluye la eficiencia, la equidad, la continuidad, así como la calidad y el acceso universal al servicio. Las tarifas serán “justas y razonables”, lo que ayudará a mantener operativas las inversiones necesarias.
La actualización se encuentra en sintonía con la Ley 27.742, que establece que AySA está sujeta a privatización. Este proceso deberá llevarse a cabo en un período de ocho meses, siguiendo normas de competencia y transparencia. Actualmente, es el Ministerio de Economía quien coordina las gestiones para esta privatización de manera efectiva.
El Decreto ya está en vigencia y se ha enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis. Esto es un paso significativo en el contexto de las políticas actuales, que buscan mejorar la gestión de servicios esenciales como el agua.