La desregulación en el control de la producción de vino divide opiniones
El mes de julio, la cámara Bodegas de Argentina, que agrupa a 250 bodegas de todo el país, compartió su opinión sobre los cambios propuestos en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Expresaron que apoyan cualquier iniciativa que busque simplificar procesos, reducir la burocracia y potenciar la competitividad del vino argentino en el mundo. En síntesis, buscan mejorar las condiciones para el desarrollo de sus negocios.
Argumentaron que la reforma debería centrarse en la eficiencia y el fortalecimiento de las condiciones para producir y exportar más y mejor. También resaltaron la importancia de mantener las capacidades técnicas del INV para asegurar la calidad, la trazabilidad y la identidad de los productos.
Por otro lado, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), que representa a un sector distinto que incluye cooperativas, adoptó un tono más cauteloso. Desde COVIAR mencionaron que están analizando y estudiando las implicancias de los anuncios. Sus equipos técnicos se encuentran trabajando en los cambios y sus posibles efectos.
Aseguraron que hay muchas normas involucradas, y que podrían ser necesarios nuevos decretos o reglamentaciones complementarias. Por eso, aún no cuentan con una posición oficial sobre el tema.
Desregulación del vino: el debate se intensifica
Cuatro meses más tarde, se revelaron las medidas que quedaban pendientes y las posturas de las cámaras se parecen a las anteriores. La resolución 37/2025 establece que el INV dejará de intervenir en controles durante las etapas iniciales e intermedias de la producción. Esto significa que se concentrará solamente en la etapa de comercialización, es decir, en los productos finales embotellados que llegan a las góndolas.
La esencia de los controles no ha cambiado, aunque su alcance sí. La función principal ahora es asegurar que los vinos sean aptos para el consumo y no contengan adulteraciones. Según las nuevas regulaciones, los controles de trazabilidad, como las certificaciones de origen y añada, serán ahora opcionales y podrán ser gestionados por los propios productores o entidades privadas, según necesiten cada empresa.
Este nuevo esquema afectará a toda la cadena de valor vitivinícola: desde productores y bodegas, hasta fábricas de mosto, comercializadores y exportadores.
A pesar de esta nueva etapa, COVIAR evitó pronunciarse a favor o en contra de las resoluciones. Sus fuentes mencionaron que se están analizando los cambios y que mantienen diálogo constante con el Gobierno y los gobiernos provinciales al respecto.
Bodegas de Argentina tampoco se pronunció oficialmente sobre las últimas decisiones, aunque documentos internos indican que su postura sigue siendo favorable a la desregulación de procedimientos, contrastando con Coviar, que defiende un mayor control estatal en la industria.
Las dos entidades representan posturas totalmente diferentes. Bodegas de Argentina apoya la liberalización del comercio, mientras que COVIAR defiende un rol más controlado del Estado para equilibrar los intereses de todos los actores del mercado.
Desde una bodega que integra la cámara de 250 bodegas, argumentaron que el resultado de las elecciones de octubre legitima las iniciativas de desregulación impulsadas por el Gobierno y que la industria del vino no debe quedar al margen. Según ellos, el triunfo oficialista desbloqueó un proceso que estaba en espera de concretarse.
Otra bodega que apoya las políticas del ministro Sturzenegger explicó que es urgente agilizar procesos que generan altos costos para el sector, sobre todo en un momento en que la competencia internacional exige ser muy eficientes.
Esta fuente también destacó que es esencial mantener los controles obligatorios para la exportación. Ellos creen que si una sola bodega comete incumplimientos, puede dañar la reputación de todo el vino argentino. Por eso, abogan por reducir los trámites para el resto de la actividad, manteniendo siempre la responsabilidad.
Sin embargo, quienes critican la flexibilización de los controles advierten sobre los riesgos que implica esta decisión. Rememoran el episodio de 1993, cuando una bodega de San Juan mezcló sus marcas con alcohol metílico, resultando en 29 muertes y varios casos de ceguera.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aclaró que esos problemas se originaron en un contexto diferente y que ahora se busca enfocar las funciones del INV exclusivamente en el control de productos finales.
Las disputas políticas en la industria del vino
Estas nuevas medidas llegan en un contexto de desregulación que impulsa el Gobierno también con un proyecto de ley para eliminar el financiamiento obligatorio de COVIAR. Este organismo público-privado tiene la responsabilidad de implementar el Plan Estratégico Vitivinícola Argentino (PEVI).
Las bodegas que financian este aporte obligatorio alegan que les aumenta los costos y que no ven resultados concretos de este plan. Bodegas de Argentina volvió a cuestionar el incremento del aporte y exigió su eliminación.
En un comunicado, expresaron que el vino argentino enfrenta una coyuntura crítica. En este marco, resulta inaceptable sostener compulsivamente instituciones que no cumplen su función y que se convierten en una carga impositiva. La presión fiscal sobre el sector es alarmante, alcanzando un 43% y comprometiendo la sostenibilidad y competitividad del vino argentino.
Además, mencionaron que no forman parte de COVIAR desde 2019 y que consideran que el organismo ya no tiene competencias para cobrar contribuciones adicionales. No obstante, las empresas siguen obligadas a aportar recursos, caso contrario, podrían enfrentarse a sanciones del INV.