Presentan el Primer Amparo para Suspender la Designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema
La reciente designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema ha generado un fuerte rechazo por parte del Partido Justicialista (PJ). En respuesta, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) ha solicitado una medida cautelar para suspender la toma de juramento de los nuevos magistrados.
Cuestionamientos Legales
El secretario de Justicia del PJ, Martín Doñate, ha cuestionado la legalidad de la designación, enfatizando que el decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo vulnera principios constitucionales y carece de la debida fundamentación. Según Doñate, esta acción demuestra una clara arbitrariedad y un intento de concentración de poder por parte del Ejecutivo.
La CEPIS ha argumentado que la designación debe ser consensuada y controlada por el Poder Legislativo, alertando sobre el riesgo de que el Ejecutivo asuma facultades que le son ajenas, lo que podría afectar la independencia del sistema judicial.
El Contexto de la Designación
El Gobierno, liderado por Javier Milei, justificó la necesidad de cubrir vacantes en la Corte Suprema tras las renuncias de la Dra. Elena Highton de Nolasco y el Dr. Juan Carlos Maqueda. Según el comunicado oficial, el nombramiento busca garantizar que los intereses de la política no se interpongan sobre los del pueblo argentino.
Sin embargo, el ambiente en torno a esta decisión está cargado de tensiones, y las críticas continúan en aumento, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la gobernanza en el país.
Reacciones y Consecuencias
La controversia en torno a la designación de Lijo y García-Mansilla no solo ha desatado un debate político, sino que también ha generado preocupación entre los ciudadanos sobre la independencia del sistema judicial. Los analistas advierten que la falta de un proceso claro y transparente en las designaciones puede erosionar la confianza pública en las instituciones.
A medida que el conflicto se desarrolla, se vislumbra un escenario complicado para el Gobierno, que deberá enfrentar las consecuencias de sus decisiones en un contexto de creciente descontento social y político.
