El PJ Cruza al Gobierno por el Decreto que Designó a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema
El Partido Justicialista (PJ) ha expresado su descontento con el Gobierno por el reciente decreto que designa a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como integrantes de la Corte Suprema. El secretario de Justicia del PJ, Martín Doñate, cuestionó la legalidad de esta decisión, enfatizando que la Constitución Nacional establece procedimientos claros para la designación de los miembros del Poder Judicial.
Crisis de Legitimidad en la Designación
Doñate utilizó sus redes sociales para criticar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tras defender el nombramiento. En su publicación, argumentó que la interpretación del artículo 99 de la Constitución, que regula las designaciones, ha sido mal entendida. Lo que queda en evidencia es que usted, o no sabe leer o no tiene comprensión de texto, enfatizó, sugiriendo que la reciente acción del Gobierno carece de fundamento legal.
El senador subrayó que el artículo 99 en su inciso 4, reformado en 1994, especifica cómo deben ser designados no solo los miembros de la Corte Suprema, sino todo el personal del Poder Judicial, lo que refuerza su posición sobre la inconstitucionalidad de la designación.
Amparo Legal y Críticas a la Concentración de Poder
En respuesta a la designación de Lijo y García-Mansilla, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) ha solicitado una medida cautelar para suspender la toma de juramento de los nuevos jueces. Argumentan que el decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo vulnera el principio de no concentración de poder y carece de la debida fundamentación.
Además, la CEPIS señala que la designación de jueces debe ser consensuada y controlada por el Poder Legislativo, advirtiendo que el Ejecutivo no debería asumir facultades que le son ajenas. La organización enfatiza que el sistema judicial debe ser independiente y protegido de interferencias políticas.
Razones del Gobierno para la Designación
El gobierno de Javier Milei oficializó la designación de Lijo y García-Mansilla mediante el Decreto 137/2025, argumentando que era necesario cubrir vacantes en la Corte Suprema de forma inmediata tras las renuncias de la Dra. Elena Highton de Nolasco y el Dr. Juan Carlos Maqueda. Según el comunicado oficial, este nombramiento busca asegurar que los intereses de la política no se interpongan por sobre los del pueblo argentino.
Con la situación actual, el debate sobre la independencia del Poder Judicial y la concentración de poder en el Ejecutivo sigue siendo un tema candente en la política argentina, con implicaciones significativas para el futuro del sistema democrático del país.
