El PJ cruzó al Gobierno por el decreto que designó a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema
El Partido Justicialista (PJ) ha expresado su desacuerdo con el Gobierno tras el decreto que nombra a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema. El Secretario de Justicia del PJ, Martín Doñate, calificó la decisión como imprudente y subrayó que los mecanismos constitucionales están plenamente en funcionamiento.
Doñate criticó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por defender el nombramiento y le recomendó leer la Constitución Nacional. El senador señaló que el artículo 99 establece claramente cómo deben ser designados los miembros de la Corte, así como los integrantes del Poder Judicial.
Reacciones a la designación
La crítica de Doñate se suma a la preocupación generalizada sobre el respeto a la Constitución y la independencia de los poderes. En sus declaraciones, enfatizó: Confundir a los miembros del Poder Judicial con empleados del Poder Ejecutivo es no distinguir la diferencia entre Estado y Gobierno.
El abogado también se refirió a la presión sobre el Senado para que acepte o rechace los pliegos de los nuevos jueces, sugiriendo que el proceso debería ser más transparente y en línea con los principios constitucionales.
Petición de medidas cautelares
En paralelo, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) ha solicitado una medida cautelar para suspender la toma de juramento de Lijo y García-Mansilla. Esta acción incluye la promoción de una acción de nulidad e inconstitucionalidad del decreto que autoriza sus nombramientos.
El CEPIS argumenta que la designación por decreto representa una vulneración del principio de no concentración de poder y carece de la debida fundamentación. Además, advierten que esto podría lesionar la independencia judicial prevista en la Constitución Nacional.
La postura del Gobierno
El Gobierno, a través del Decreto 137/2025, ha justificado la designación de los nuevos jueces, señalando la necesidad de cubrir vacantes en la Corte Suprema de manera urgente debido a renuncias anteriores. Sin embargo, la decisión ha generado un intenso debate sobre la forma en que se llevan a cabo estos nombramientos y su impacto en la institucionalidad del país.
A medida que se desarrolla este escándalo, las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo aumentan, dejando en claro que la situación actual del sistema judicial argentino requiere un análisis profundo y una atención continua por parte de la sociedad y sus representantes.
